La vicepresidenta del gobierno venezolano en disputa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajó a Rusia esta semana para presentar a las autoridades de ese país la “Ley Antibloqueo”, que permite contrataciones confidenciales de socios e inversores con el fin de esquivar sanciones económicas extranjeras, esencialmente de Estados Unidos.
La segunda al mando del poder ejecutivo de Maduro viajó a Rusia acompañada por una comitiva de alto nivel. La asistencia de Asdrúbal Chávez, hermano del exmandatario Hugo Chávez y presidente de la petrolera estatal PDVSA, refleja el interés de Venezuela en la resurrección de su industria de hidrocarburos.
La producción petrolera venezolana se ha desplomado a niveles jamás vistos en los últimos 70 años. En octubre pasado, el país produjo 367.000 barriles al día. En diciembre de 1998, cuando Chávez ganó las elecciones, la cuota era de 3,2 millones de barriles y PDVSA era una de las principales empresas del mundo.
La llamada Ley Antibloqueo surgió como una alternativa del chavismo para evadir los efectos de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, particularmente desde enero de 2019, cuando Maduro juró en el cargo para un segundo mandato tras unas elecciones controvertidas.
Economistas consultados por la Voz de América, como Luis Oliveros y Leonardo Vera, admiten que las sanciones han colaborado con el colapso de la industria petrolera venezolana, a pesar de que la crisis económica y del sector es previa a las decisiones ejecutivas de la administración de Donald Trump.
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo hace un mes como una medida temporal para realizar todo negocio o acto jurídico que pueda “impedir o revertir amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República”.
La ley, según expertos, allana el camino de la reversión de las nacionalizaciones de propiedades y empresas del sector petrolero que aplicaron tanto Chávez como Maduro en los últimos 20 años.
Permite, asimismo, desaplicar leyes, comercializar bienes estratégicos y otorgar discrecionalmente contratos y negocios jurídicos bajo un esquema de reserva de datos, e incluso registrar “separadamente” los ingresos generados por la norma.
La vicepresidenta de Maduro está acompañada en Rusia, además, por Reinaldo Múñoz, procurador general de Maduro, y Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología. Según medios del Estado venezolano, la comitiva venezolana explicará en Moscú “las ventajas y beneficios” de la Ley Antibloqueo.
Recursos y vacunas
La oposición venezolana criticó el viaje de Rodríguez a Rusia a través de un mensaje de Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores.
“El viaje de Delcy Rodríguez a Rusia es para seguir entregando los recursos de Venezuela y fortalecer negocios ilegales en el marco de la Ley Antibloqueo”, expresó el vocero del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó.
Borges añadió que la ley que promueve el madurismo en el país gobernado por Vladimir Putin es un “bodrio” que atenta contra la Constitución y la transparencia en el uso de los recursos del Estado venezolano.
“Este bodrio inconstitucional permite legitimar capitales y afianzar estructuras del crimen organizado. ¡Es una agenda contra la región!”, advirtió.
Rodríguez participó este viernes en una reunión de alto nivel con empresarios rusos en Moscú. Allí, la vocera de Maduro elogió la vacuna de manufactura rusa contra la COVID-19, cuyas pruebas con voluntarios han iniciado en Venezuela.
Dijo que el papel de Rusia para detener la pandemia era “determinante” en ese objetivo. “Rusia, una potencia científica y tecnológica, está al frente en la búsqueda de una vacuna”, declaró Rodríguez a medios locales.
La funcionaria informó que el gobierno madurista propuso al ruso comprar la vacuna “de forma masiva” y, asimismo, fabricarla en Venezuela.
Indicó que llegaba a Rusia con un “mensaje muy claro” de Maduro para expandir la cooperación bilateral con ese país mediante la Ley Antibloqueo.
“Hoy damos un salto estratégico con la Ley Antibloqueo para la protección y seguridad de las inversiones rusas”, comentó a la prensa, mientras definió las sanciones como “un conjunto de medidas coercitivas unilaterales ilícitas”.
