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La jueza de Trump evita pronunciarse sobre el aborto, las armas y la religión

 (EFE).- La jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada para el Tribunal Supremo por el presidente de EE.UU., Donald Trump, encajó este martes los golpes de los senadores demócratas sin perder la compostura y sin ofrecer siquiera una pista acerca de cómo fallará en casos tan importantes relacionados con el aborto o el futuro del Obamacare.

“Los jueces no pueden levantarse un día y decir: tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas; me gusta el aborto, odio el aborto. Y simplemente andar por ahí como una reina e imponer su voluntad al mundo”, dijo con cierta ironía Barrett durante el segundo día de audiencias en el comité judicial del Senado.

Barrett, católica, de 48 años y madre de siete hijos, usó frases similares para huir de las punzantes preguntas de los demócratas: aseguró una y otra vez que ella no tiene ninguna agenda política y que su objetivo es apegarse a la Constitución para decidir cada caso por separado.

Además, enfatizó que “no se ha comprometido” con la Casa Blanca a fallar de ninguna forma en polémicos casos, como el de la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama (2009-2017) que evaluará el Tribunal Supremo en las próximas semanas.

UN POLÉMICO ANUNCIO DE 2006

Asimismo, durante la audiencia, el senador demócrata Patrick Leahy preguntó a Barret sobre un anuncio publicado en 2006 en un periódico de Indiana que criticaba el “legado barbárico” de “Roe v. Wade” y que ella firmó junto a centenares de activistas y académicos.

En concreto, Leahy le preguntó si estaba de acuerdo con las ideas del grupo detrás del anuncio, St Joseph Right to Life, que aboga por criminalizar la fecundación in vitro porque se desperdician algunos embriones, una visión considerada radical dentro del movimiento contra el derecho al aborto en EE.UU.

“Lo firmé saliendo de la iglesia. Era consistente con la visión de mi iglesia, y simplemente decía que nosotros apoyamos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y no tomaba ninguna posición sobre la fecundación in vitro”, replicó Barret, una vez más sin dejar ver su opinión acerca de la reproducción asistida.

SEPARACIÓN DE LEYES Y RELIGIÓN

No obstante, en varias ocasiones, la magistrada insistió en que será perfectamente capaz de separar sus decisiones judiciales de su religión.

“Tengo una vida repleta de personas que han tomado decisiones diferentes, y nunca he intentado, en mi vida personal, imponerles mis decisiones. Lo mismo ocurre en mi ámbito profesional”, aseveró Barrett, que enseña Derecho en la Universidad de Notre Dame (Indiana) y que, desde 2017, ejerce como jueza en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito.
Durante las audiencias para confirmarla como jueza de ese tribunal, Barrett tuvo que enfrentarse a numerosas preguntas sobre sus creencias y su pertenencia al grupo religioso People of Praise.

Ese grupo tiene menos de 2.000 miembros y sus miembros creen en “profecías y curaciones divinas”, según el diario The New York Times.

Hoy, Barrett dijo a los senadores que, cuando aceptó la nominación de Trump para el Supremo, sabía que su fe sería “caricaturizada” y su familia sufriría ataques; pero decidió seguir adelante porque quiere “servir a su país”.

LA ESTRATEGIA DE LOS REPUBLICANOS

Al respecto, los republicanos han acusado repetidamente a los demócratas de atacar la fe de Barrett, aunque en realidad ninguno ha aludido a sus creencias religiosas.

El objetivo de los republicanos es desacreditar a los demócratas y retratarles como un grupo de radicales, al mismo tiempo que buscan presentar a Barrett como una jueza extremadamente calificada.

En un momento de la audiencia, el senador John Cornyn, republicano de Texas, le pidió a la magistrada que sostuviera su libreta a la vista de todos con el objetivo de mostrar que estaba en blanco y que estaba hablando de memoria, haciendo referencia a casos legales sin ningún tipo de ayuda.

Los republicanos quieren confirmar a Barrett en el pleno del Senado el 22 de octubre, por lo que podría vestir la toga del Tribunal Supremo antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Beatriz Pascual Macías

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