La Paz, EFE.- El arresto del juez que debía dirimir la situación de los principales acusados, entre ellos un exministro, de un sonado caso de corrupción en Bolivia por el supuesto sobreprecio de respiradores adquiridos en España, derivó en la suspensión por segunda vez de la audiencia de los procesados.
“No se encuentra el juez. Habría tenido un problema judicial y se está conversando con Presidencia (del tribunal) para que se resuelva la situación del juez”, aseguró a los medios el fiscal del caso, Rudy Terrazas.
La audiencia cautelar contra el exministro de Salud Marcelo Navajas y otros cuatro acusados, varios de ellos por su supuesta participación en el proceso de contratación para la compra de respiradores en España, debía realizarse a las 16:00 hora local (20:00 GMT) en La Paz.
Navajas llegó al juzgado con un barbijo que tapaba su rostro y con una custodia de un par de policías, que impedía el asedio de periodistas y cámaras de televisión.
En un manuscrito que fue mostrado a los periodistas, el juez Hugo Huacani describió que fue arrestado “cuando pretendía ingresar al Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia”, donde debía celebrarse la audiencia, que ya se había suspendido el jueves pasado.
El magistrado señaló que lo detuvieron “sin ningún mandamiento de aprehensión” y sin “previa citación con ninguna denuncia”, de acuerdo con el texto que también se difundió por redes sociales.
El arresto del juez se debió a un proceso por supuesto prevaricato o resoluciones arbitrarias en el ejercicio judicial, según trascendió.
Para el diputado Franklin Flores del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, el arresto del juez debió ser “después de la audiencia”, conociéndose la urgencia del proceso.
Esta semana salió a luz el caso de supuesto sobreprecio de ventiladores y respiradores para pacientes con coronavirus de fabricación española, cuanto la firma fabricante reveló que cada unidad había costado entre 10.000 a 11.000 dólares y no los más de 27.000 que se dijo en Bolivia que era su valor.
Los equipos fueron financiados mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su compra fue cuestionada después de que algunas asociaciones médicas manifestaran que no servían para pacientes con cuidados intensivos, solo para emergencias.
El suceso se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más fuertes para el Gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez, ante el que se comprometió investigar y recuperar el dinero del Estado.
