Jorge García Álvarez y Evelyn Durón Guerra han construido una vida en Estados Unidos. Nacieron en México, pero tienen buenos empleos y una linda casa en Tennessee. Planean empezar una familia.
Todo eso podría desaparecer.
Forman parte de los “dreamers”. Aproximadamente 700.000 jóvenes adultos indocumentados están exentos de ser deportados y tienen permitido trabajar de manera legal conforme al programa establecido durante el gobierno de Obama que se conoce como DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
El presidente Donald Trump quiere eliminar esas exenciones, y el 12 de noviembre, la Corte Suprema escuchará los argumentos para determinar si podrá lograrlo. Para García y Durón, eso demolería la base de toda la vida que han construido juntos.
“Sin el DACA, no estaríamos aquí”, dijo García, de 24 años, hijo de obreros y el primero en su familia en ir a la universidad.
Este caso es uno de los más relevantes que se han presentado ante la Corte desde que Brett Kavanaugh fue nombrado juez, asegurando una mayoría conservadora, y se considera una de las pruebas jurídicas más grandes para la agenda de Trump en materia de inmigración.
La cuestión que se debatirá ante la Corte es si el gobierno proporcionó o no una justificación legal suficiente para poner fin al programa que estableció el presidente Barack Obama mediante una acción ejecutiva en 2012 para los jóvenes indocumentados que habían sido traídos al país cuando eran niños.
Un veredicto a favor de permitir que el gobierno cancele el programa por completo podría poner a cientos de miles de personas en riesgo de ser deportados.
A lo largo de la semana pasada, cientos de beneficiarios del DACA han estado cantando, bailando y tamborileando mientras marchan desde la Estatua de la Libertad en Nueva York hasta Washington, donde hay un mitin programado para este fin de semana. El plan es que la marcha “Home is Here” (Este es nuestro hogar) culmine en la Corte Suprema el martes, 12 de noviembre.
El perfil de los “dreamers” ha cambiado considerablemente en los años transcurridos desde que Obama anunció el programa como una medida provisional en 2012, tras perder la esperanza de que el Congreso aprobara una reforma legislativa integral de inmigración.
Fue pensado para los inmigrantes que crecieron en Estados Unidos después de haber llegado al país cuando tenían menos de 16 años. Muchos de los primeros en solicitar la ayuda del programa eran estudiantes de bachillerato o la universidad, apenas comenzaban sus vidas adultas.
Con el paso del tiempo, muchos “dreamers”, como García y Durón, se han graduado del bachillerato, han terminado la universidad, han empezado a trabajar y han tenido hijos.
El beneficiario promedio del DACA ahora tiene 25 años de edad; el de edad más avanzada tiene 37.
“En los siete años que han pasado desde la creación del DACA, las raíces de los beneficiarios se han profundizado en el país”, afirmó Julia Gelatt, analista superior de políticas en el Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés). “Han continuado sus estudios, desarrollado sus carreras y formado familias”.
La historia de García y Durón comenzó cuando sus padres los llevaron a Estados Unidos de manera ilegal cruzando la frontera desde México. Él tenía 11 años, ella 6. Sus padres consiguieron trabajos en líneas de ensamblaje de autopartes en Indiana.
En 2011, salieron en su primera cita durante el bachillerato. Un año después, bajo la presión de los “dreamers” y sus aliados, Obama usó la acción ejecutiva para crear el DACA. García y Durón, quienes estaban en el último año del bachillerato, se inscribieron de inmediato. Finalmente, sintieron una sensación de alivio de que, sin importar lo que pasara, ya no estaban en peligro de una deportación inminente.
Durante varios meses, la pareja trabajó en fábricas como sus padres, ahorrando dinero para la universidad. Gracias al DACA, tuvieron acceso a la matrícula para residentes del estado cuando se inscribieron en la Universidad de Indiana. Sus buenas notas los hicieron acreedores a las becas privadas disponibles para los beneficiarios del DACA.
Durante sus años universitarios, lideraron un grupo estudiantil que animaba a los adolescentes latinos a estudiar la universidad. “Cuando era niña, no tenía a nadie que me guiara al navegar el sistema de la educación superior, y sabía que ellos necesitaban un ejemplo a seguir”, relató Durón.
Cuando todavía era estudiante, García, que estudió finanzas, consiguió una pasantía remunerada en Cummins, donde conoció los pormenores de dicha compañía de Fortune 500. Durón, licenciada en negocios, trabajaba en un banco local.
Mientras tanto, en su campaña presidencial de 2016, Trump calificó la medida de su predecesor de crear el programa DACA como un abuso de poder, y abogó por su desaparición.
Preocupados por el futuro del programa, García y Durón se apresuraron a terminar la universidad. Se graduaron en diciembre de 2016, un mes después de que Trump ganó la elección.
A García le ofrecieron un puesto en la sucursal de Cummins en Nashville, y la pareja se mudó a Tennessee a principios de 2017. En junio de ese año, se casaron. Casi 400 amigos y familiares celebraron la boda que se extendió hasta altas horas de la madrugada.
En otoño de ese año, el gobierno de Trump anunció que iba a “desmantelar” el programa DACA. Los tribunales intervinieron, y ahora la decisión está en manos de la Corte Suprema, que emitirá su fallo en algún momento del próximo año, tras escuchar los argumentos la semana que viene.
Cientos de negocios y universidades, así como organizaciones religiosas y asociaciones médicas han enviado informes legales para el caso que se presentará ante la Corte Suprema en los que expresan su apoyo para mantener el programa con vida.
Cummins, la empresa empleadora de García, está entre los partidarios.
“El DACA se alinea con nuestros valores fundamentales de diversidad e inclusión”, declaró Katie Zarich, gerente de comunicaciones externas. “Todos somos mejores, la compañía es mejor, cuando tenemos a empleados con una amplia variedad de orígenes y experiencias”.
García y Durón han seguido renovando su estatus con el DACA, rogando que no desaparezca. Durón ahora trabaja como contadora y emprendió su propio negocio inmobiliario. Ganan 90.000 dólares al año.
Luego de haber crecido en campamentos de casas rodantes, la pareja compró su primera casa, en un suburbio de Nashville. Tiene tres habitaciones y espacio más que suficiente para una familia.
Por ahora, lo comparten con su Boston terrier, Oreo, y su gatita atigrada, Lucy.
Pero, ¿qué ocurrirá si el DACA se suspende? “No podríamos seguir trabajando”, dijo García. “Probablemente tendríamos que declararnos en quiebra”. Perderían la casa.
Intentan no pensar en eso.
c.2019 The New York Times Company
