El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, asestó otro golpe al presidente Nicolás Maduro al autorizar con 105 votos a favor y dos en contra el enjuiciamiento del mandatario por supuestos hechos de corrupción.
“Existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue al ciudadano Nicolás Maduro”, indica el acuerdo sobre el proceso iniciado el 9 de abril en Bogotá por los 13 magistrados principales del Supremo -y 20 suplentes- que fueron designados por el Parlamento en julio de 2017, y que hoy son perseguidos por el gobierno.
Esos jueces pidieron el antejuicio tras acoger a su vez una solicitud contra Maduro presentada por la ex fiscal Luisa Ortega -también en el exilio tras ser destituida por la chavista Asamblea Constituyente-, quien denunció que la campaña de Maduro en 2013 recibió dinero de Odebrecht y pidió acusarlo de delitos de “corrupción propia y legitimación de capitales”.
Tanto los magistrados como la ex fiscal pidieron la captura de Maduro. La Asamblea Nacional ha asegurado además que continuará por su parte “con las investigaciones por los hechos de corrupción que se pudieran desprender de las vinculaciones de Maduro y otros funcionarios” con la constructora Brasileña, Odebrecht.
“Con un pueblo recogiendo comida de la basura, si alguien solicita, como el grupo de magistrados designados por nosotros, que lo autoricemos para proseguir un proceso, nuestra autorización no condena o absuelve a nadie, pero simplemente permite que se continúe una investigación para sancionar a los responsables de corrupción. Sería traicionar el mandato popular que tenemos no dar esa autorización”, ha expresado el presidente del Parlamento, Omar Barboza, durante la discusión del acuerdo.
La votación se dio a oscuras, pues desde tempranas horas de la mañana la militar Guardia Nacional acordonó el edificio legislativo e impidió el acceso de la prensa. Los diputados se las ingeniaron para transmitir la discusión y la votación con sus móviles a través de las redes sociales.
El diputado Juan Guaidó, miembro de la Comisión de Contraloría, ha responsabilizado a Odebrecht por un daño patrimonial de 16.000 millones de dólares en obras inconclusas, y ha asegurado que, además, la constructora entregó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Maduro en 2013. Sorpresivamente, a la sesión asistieron dos diputados del chavismo, Ilenia Medina y Juan Marín. En teoría, el oficialismo desconoce al Parlamento por considerar que está en “desacato” a las órdenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), brazo judicial de Maduro que anula todas las decisiones del Legislativo.
En Venezuela, el chavismo reaccionó de inmediato asegurando que la decisión carece de legitimidad, pues las decisiones de la Asamblea son “nulas”.
“La sesión convocada por la Asamblea para supuestamente discutir antejuicio de mérito contra el presidente Maduro, que no promovió en Venezuela el fiscal general ante el TSJ, no solo carece de legitimidad, es que no existe”, ha señalado en Twitter el fiscal Tarek William Saab. El diputado chavista Juan Marín, desde el Hemiciclo, ha calificado de “mamarrachada” la decisión.
“Esto no tiene ninguna consecuencia legal, es un intento de golpe de Estado”, ha dicho. Las posibilidades de que el juicio prospere, sin embargo, son escasas. Según las leyes, después de que el TSJ y el fiscal soliciten la autorización del Parlamento para enjuiciar al presidente, es la Sala Plena del Supremo -compuesta por los 32 magistrados principales- la que decide si hay o no méritos para que el juicio prospere.
“Es una decisión política, no jurídica. No tiene fundamento constitucional porque la decisión del antejuicio de mérito tiene que tomarla la Sala Plena. Ya ahí hay un vicio de origen. En el exterior solo están 13 magistrados (principales).
Una parte de la sociedad pareciera que todo lo que suena a salir de Maduro debe ser apoyado irrestrictamente sin mirar bien lo que se hace, y eso demuestra la orfandad estratégica de la oposición”, ha dicho a EL MUNDO el politólogo Luis Salamanca. Por su parte, el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández ha aclarado en Twitter que “en caso de poderse ejecutar”, el enjuiciamiento de Maduro “no llevaría a un cambio de gobierno”.
“Solo permitiría al vicepresidente asumir la Presidencia; pero Maduro quedaría inhabilitado de participar en “elecciones” (que seguirían siendo fraudulentas)”, ha acotado.
Fuente: El Mundo
