Madrid/Soria, 7 nov (EFE).- Los españoles acuden a votar el próximo domingo en las cuartas elecciones generales en cuatro años, y cada vez son más los ciudadanos que no ocultan su enfado con los políticos, a los que ven incapaces de ofrecer soluciones a problemas acuciantes como el empleo de calidad, el futuro de las pensiones o el abandono del mundo rural.
Además, casi todos los sondeos de voto apuntan a una situación similar a la actual: un Parlamento muy dividido y sin mayorías, es decir, un callejón de muy difícil salida.
“La política se ha convertido en la peste”, censura sin rodeos Belén, una estudiante madrileña. Sus palabras expresan un sentimiento general que se repite en toda España.
“Es un fracaso total”, lamenta Blanca, una jubilada de Soria, la provincia menos poblada de España. Su marido, Saturio, carga contra los políticos “que no son capaces de ponerse de acuerdo y afrontar los problemas reales”.
Las elecciones del 10 de noviembre son la repetición de las del pasado 28 de abril, tras las que no se pudo formar un Gobierno, y los sondeos de intención de voto apuntan a que el bloqueo persistirá, salvo que algún partido tome alguna iniciativa inesperada.
El bloqueo se debe básicamente a dos factores: Por una parte cada vez hay más partidos con posibilidades de obtener legisladores, y por otra estas formaciones y sus líderes se mantienen dentro de dos bloques estancos (izquierda y derecha). Ninguno de los dos bloques suma los 175 diputados necesarios para formar Gobierno, y ninguno de ellos se ha visto capaz de tender un puente.
En este escenario, la mayoría parlamentaria final depende de los partidos independentistas de Cataluña (noreste), cuyas instituciones regionales están en pie de guerra contra el Gobierno por la sentencia del Tribunal Supremo que encarceló a sus líderes.
PARÁLISIS POLÍTICA
Mientras, en la calle, los ciudadanos perciben que los problemas del día a día siguen sin atenderse, con Gobiernos en funciones o mayorías muy precarias desde las elecciones de diciembre de 2015, el presupuesto nacional prorrogado desde 2018, y con la atención de los líderes nacionales muy pendiente del desafío independentista catalán.
Así, retos como la cuarta revolución tecnológica e industrial; el cambio climático y la economía verde; la modernización de la educación; la protección del sistema público de pensiones; la creciente desigualdad social o la caída de la natalidad no han podido tratarse adecuadamente por la inestabilidad de los sucesivos gobiernos.
El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez intentó algunos cambios, pero su corta vida (de junio de 2018 a abril de 2019 antes de entrar en funciones) y su frágil base parlamentaria le impidieron lanzar medidas ambiciosas.
EL ORIGEN DEL BLOQUEO
Las elecciones de abril dieron la victoria al Partido Socialista de Sánchez, pero sin mayoría clara (123 sobre 350 diputados). Todo el mundo pensaba que lograría un pacto con la coalición izquierdista Unidas Podemos (42) para luego buscar apoyos entre formaciones nacionalistas y regionalistas.
Sin embargo, ni Sánchez ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cerraron un acuerdo, todo lo contrario: acabaron enfrentados por la exigencia del segundo de formar una coalición de Gobierno, algo que los socialistas rechazan porque prefieren un pacto “a la portuguesa” (Gobierno en solitario con apoyos de otros partidos en el Parlamento).
Sánchez también intentó, sin éxito, que los partidos del centroderecha se abstuvieran y permitieran su ratificación en el Congreso.
La formación de un Gobierno con mayoría absoluta PSOE y los liberales de Ciudadanos apenás fue considerada.
La mayoría de las encuestas apuntan a nueva victoria de los socialistas, otra vez por mayoría simple, y un Parlamento dividido en más grupos políticos. Los conservadores y la extrema derecha subirían, y los nacionalistas vascos e independentistas catalanes mantendrían su influencia.
Por ello, la etapa de inestabilidad y de gobiernos débiles de centroderecha y centroizquierda que comenzó en España a finales de 2015 amenaza con prolongarse.
“QUE ALGUIEN GOBIERNE DE UNA VEZ”
Sin embargo, estos comicios podrían favorecer la concentración del voto (“voto útil”) en los partidos con más posibilidades de gobernar -el socialista PSOE y el conservador PP-, comenta la profesora de Ciencias Políticas Ainhoa Uribe, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
“El problema de España no es la polarización ideológica entre PSOE y PP, sino su incapacidad para llegar a pactos que faciliten un Gobierno por parte del más votado, evitando así que tengan que pactar con partidos de ideologías más extremas o con los nacionalistas independentistas”, resume.
El ambiente de hastío ciudadano, que probablemente se traduzca en un aumento de la abstención, se percibe claramente: un 35 % de los abstencionistas argumentan que están hartos de la política; un 22,5 % rechazan la repetición electoral y otro 22 % no piensan votar porque no les convence ningún partido o líder, según una encuesta oficial realizada entre septiembre y octubre.
Y los políticos siguen siendo el segundo problema que más preocupa a los españoles, detrás del desempleo. Y esa desafección es mayor entre los jóvenes.
“La mala imagen de la política en España es un tema que viene de lejos, no es de ahora, y conecta con raíces profundas de la cultura política de los españoles”, explica el politólogo Manuel Mostaza.
Una de las consecuencias de la repetición electoral y la inestabilidad política es “un cierto enfado” de una parte de la ciudadanía, pero “aproximadamente al 40 % de los españoles” no les interesa la política, precisa Mostaza, director de Asuntos Públicos de la consultora Atrevia.
“La cuestión no es convocar nuevas elecciones. La cuestión es intentar pactar de alguna manera”, se lamenta Antonio, otro estudiante, residente en Madrid, quien recalca que “en seis meses la gente no cambia de opinión”.
Mucho más dura es Belén: “Me parece muy triste que no podamos creer en nada”.
“Tanta votación, tanta votación… que se pongan de acuerdo entre ellos”, apunta Máximo, otro jubilado soriano. En la misma ciudad, Antonio, un trabajador bancario insiste en la misma idea: “Tienen que pactar entre ellos y punto. Y sacar a alguien que gobierne de una vez”.
HABLAN LOS POLÍTICOS, FRENA LA ECONOMÍA
Todo esto ocurre dentro de una progresiva ralentización de la economía, que aunque crece a un ritmo saludable en comparación con la zona euro, muestra síntomas de agotamiento del ciclo expansivo iniciado en 2014. La mayoría de los indicadores, sin ser malos, apuntan a la baja.
Aunque el PIB crecerá este año un 2,1 %, y el desempleo está por debajo del 14 % (llegó a estar en el 25,77 %), esta última cifra sigue siendo muy elevada. Muchos de los trabajos son precarios y no permiten a los jóvenes independizarse, o a los adultos salir de la pobreza.
Para Gonzalo García, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), “el indicador más preocupante es el ritmo de desaceleración del empleo”, que ha sufrido “un freno brusco”. Un ejemplo es el aumento de 98.000 desempleados durante octubre, divulgado este pasado martes.
Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Macroeconómico en la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), se muestra más inquieto por “el deterioro de la confianza”, tanto a nivel de los hogares, “que empiezan a consumir menos y a ahorrar más”, como de la inversión, “con un deterioro muy importante de las expectativas”.
Ambos descartan que España esté en camino de repetir la gravísima crisis económica que comenzó en 2008. “No hay elementos sólidos que abocan a la economía española a una recesión”, recalca Torres.
“La desaceleración es ya intensa y hay riesgo”, advierte García, aunque precisa que se trata de un riesgo de recesión “muy bajo”, y además “España está mucho mejor preparada que en 2008”.
Torres apunta también a la influencia de factores externos, como la larga incertidumbre sobre el “brexit”, la ralentización alemana y el impacto de las guerras comerciales.
El próximo Gobierno estará acuciado por las exigencias casi opuestas de la Comisión Europea, que pide que se respeten los compromisos de reducción de déficit y deuda públicos, mientras en el frente interno se multiplican la exigencias de gasto (como pensiones, programas sociales o financiación regional).
García cree que, pese a todo, “hay muchas posibilidades” de emprender medidas de política económica y a la vez cumplir las normas de Bruselas. En esto coincide Torres, quien percibe “un cierto espacio para hacer política económica”, comenzando con “una agenda creíble de reformas” en pensiones o educación. “Llevamos cuatro años sin hacer reformas porque no disponemos de gobiernos estables”, insiste.
CICATRICES SOCIALES SIN CURAR
Mientras la economía se desacelera, la situación social sigue siendo delicada a pesar de la mejoría de los últimos años. “Todavía hay heridas que están abiertas” desde la grave crisis que empezó en 2008, señala Raymond Torres.
Según datos de Cáritas, aún quedan 2,4 millones de personas en situación de pobreza severa, mientras que 1,8 millones (de una población de 47 millones) sufren exclusión social.
“Es verdad que las cosas han mejorado para una gran parte de la población; sin embargo, para los que peor estaban y los que más sufrían la crisis económica es para los que apenas o nada ha mejorado”, explica Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española.
El desempleo se ha reducido bastante los últimos años, pero está todavía en el entorno del 14 % de la población activa, el doble que antes de la crisis, advierte Flores.
Además, tampoco un puesto de trabajo garantiza la integración social, pues hay muchos empleos inestables o de salarios insuficientes, explica. A ello se une el aumento del precio de la vivienda, especialmente de alquiler, inalcanzable para las familias más humildes.
Mientras España ha llegado al décimo puesto mundial por el número de millonarios, según cifras recientes de Credit Suisse, aumenta la desigualdad, que es “más preocupante” entre clases bajas y medias, recalca Flores. España es el sexto país con mayor diferencia de ingresos (2,6 veces) entre ambas, según un informe de la OCDE.
EL GRITO DE LAS ZONAS RURALES
En Madrid, con la ciudad y la provincia más pobladas y más ricas del país, la economía se mantiene en auge gracias al tirón de instituciones oficiales y grandes empresas, pero las provincias menos pobladas sufren cada vez más la falta de oportunidades y el éxodo de los más jóvenes.
Es lo que en los últimos meses se ha venido en llamar “la España vaciada”, formada sobre todo por las provincias rurales del centro de España y las abundantes zonas montañosas, donde la mayoría de la población de comarcas enteras está compuesta por jubilados.
En la provincia de Teruel (centro, una de las menos pobladas) es muy posible que la candidatura del partido creado ex profeso “Teruel Existe” logre uno de los tres diputados en juego.
En la menos poblada, Soria, varios jóvenes reconocen que esta vez no irán a las urnas, viendo que no se atienden los problemas de su tierra: “No voy a votar. Estoy harta ya de tantos votos”, dice la estudiante Judith, mientras que Alex, un dependiente comercial, explica: “No me quedo con ningún partido político”.
FRANCO Y CATALUÑA ENTRAN EN CAMPAÑA
Ante la falta de novedades entre partidos y líderes -apenas pueden prometer nada nuevo desde abril-, los asuntos más destacados de la campaña acabaron siendo la exhumación del dictador Francisco Franco y la violencia del independentismo radical en Cataluña, y ambos parecen estar favoreciendo el ascenso de la extrema derecha de Vox, en el que coinciden las encuestas.
Las encuestas apuntan a que Vox podría ser el tercer partido en el Congreso, ayudado también por el desplome que las encuestas atribuyen al liberal Ciudadanos y al descenso moderado de Unidas Podemos.
La exhumación de Franco fue promovida por el Gobierno de Sánchez en junio de 2018 y se alargó por los múltiples recursos legales de los nietos del dictador que gobernó España de 1939 hasta su muerte en 1975.
La decisión del Tribunal Supremo permitió finalmente que la exhumación de los restos de Franco de su tumba, en el mausoleo del Valle de los Caídos, tuviera lugar el 24 de octubre, en un ambiente de gran carga política y enorme simbolismo histórico.
Y es que mientras los partidos de derecha consideran que el traslado del féretro abre viejas heridas de la Guerra Civil de 1936-1939, los partidos a la izquierda del PSOE criticaron a Sánchez por no retrasar la operación a después de las elecciones y tratar de obtener réditos políticos.
Más trascendencia tiene para el futuro la situación en Cataluña, donde las sentencias que el Tribunal Supremo anunció el 14 de octubre contra los líderes del intento secesionista ilegal de 2017 causó una oleada de grave violencia callejera, centrada en Barcelona.
Peor aún, esa sentencia, con penas de 9 a 13 años de cárcel para nueve condenados, hace casi imposible en la práctica que los partidos independentistas catalanes (que pueden lograr en torno a 25 diputados) apoyen en Madrid a cualquier candidato a presidente del Gobierno que no responda a sus exigencias.
En el lado opuesto, los partidos de derecha insisten en prometer medidas más duras contra los independentistas catalanes y las autoridades de esa región, lo que impide por ahora cualquier atisbo de acuerdo.
El resultado es que Cataluña se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos de escala nacional. Y ahora grupos independentistas radicales amenazan con obstaculizar la votación del domingo en la región. Como reconoce el propio Pedro Sánchez, la crisis catalana “va a durar años”. Y quizá con ella la falta de Gobierno.
Reportaje elaborado por Alida Juliani, Jesús Lozano y Rafael Cañas y editado por Javier Marín
