Sao Paulo .- La Fiscalía ha solicitado la anulación de la sentencia condenatoria contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el llamado caso Atibaia por cuestiones técnicas y procesales, lo que fue interpretado por la defensa como una maniobra judicial para perjudicar al expresidente.
El fiscal Mauricio Gerum solicitó al Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4), una corte de segunda instancia, que anule la condena a 12 años y 1 mes de prisión contra Lula por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
Gerum pidió también que el proceso vuelva a la fase de alegaciones finales en primera instancia, aunque la decisión está ahora en manos del TRF-4, que ha marcado una sesión para analizar el asunto el próximo 30 de octubre.
La petición de la Fiscalía se produce después de que la Corte Suprema de Brasil anulara recientemente una condena contra el expresidente de Petrobras al considerar que una práctica procedimental usada en la Lava Jato -la mayor operación contra la corrupción en Brasil- hirió el derecho a la defensa.
La decisión fue vista como una tabla de salvación por la defensa del expresidente brasileño (2003-2010), que podría beneficiarse con el parecer del Supremo. No obstante, la Fiscalía se adelantó y pidió que el proceso vuelva a ser discutido en primera instancia con el fin de revisar los errores procesales.
“Es un claro intento de la Lava Jato de manipular una vez más la verdad en los procesos que envuelven al expresidente Lula”, afirmó su abogado, Cristiano Zanin Martins, en declaraciones recogidas por el diario “O Estado de Sao Paulo”.
Lula fue condenado en primera instancia después de que la justicia determinase que se benefició de las reformas en una casa de campo en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, a cambio de ayudar en la obtención de contratos en Petrobras a las constructoras Odebrecht y OAS.
El exmandatario está en prisión desde abril de 2018 para cumplir la sentencia de 8 años y 10 meses que recibió por parte de un tribunal de tercera instancia, en otro proceso relacionado también con las corruptelas destapadas en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
No obstante, Lula está pendiente de un juicio iniciado por la Corte Suprema que pone en duda algunas prácticas de la operación anticorrupción Lava Jato y hasta pudiera liberar a miles de presos.
La corte debe decidir sobre el alcance y aplicación del artículo 5 de la Constitución, según el cual una persona no puede ir a prisión hasta que se agote todo el proceso de apelaciones.
De momento, la máxima corte del país comenzó a inclinarse por la validez de la prisión tras una condena en segunda instancia aún si restan apelaciones, situación en que están miles de reclusos, entre ellos Lula.
