Seis políticos y empresarios dominicanos, entre ellos un senador, se enfrentarán a partir de mañana a un juicio por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber repartido en el país para adjudicarse ilegalmente obras públicas licitadas entre 2002 y 2012.
El caso de corrupción, que se juzga en la Suprema Corte de Justicia, es el de mayor magnitud de la historia reciente del país, ya que ha salpicado a las dos principales fuerzas políticas, el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Odebrecht admitió en 2016 que pagó 92 millones de dólares en sobornos a políticos dominicanos para adjudicarse y lograr facilidades en 16 contratos de obras públicas, entre ellos carreteras, hidroeléctricas o acueductos, cuyos presupuestos sumados rondan los 3.865 millones de dólares.
A diferencia de lo ocurrido en algunos de los doce países de América Latina en los que Odebrecht confesó el pago de coimas, en República Dominicana no han sido investigados los jefes de Estado de la época de los contratos amañados, Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Tampoco es sospechoso el actual mandatario, Danilo Medina, que está en el poder desde agosto de 2012, época posterior al último contrato investigado.
Los principales políticos que se sentarán en el banquillo a partir de este miércoles son el senador Tommy Galán, del PLD, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, también miembro del partido gobernante.
También irán a juicio el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el exsenador Roberto Rodríguez, ambos del PRM, así como el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón Rijo, a quien las autoridades señalan como el receptor y distribuidor de los 92 millones de dólares destinados al pago de coimas.
Los recursos eran entregados, presuntamente, a funcionarios y legisladores a cambio de agilizar proyectos y facilitar la financiación a favor de la multinacional brasileña, de acuerdo con la acusación.
Los seis imputados, que han rechazado insistentemente haber recibido el dinero, enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos y, de ser hallados culpables, podrían ser condenados a penas de entre 3 y 20 años de prisión.
Tras casi un año de juicio preliminar, el pasado 21 de junio el juez de Instrucción Especial del Supremo, Francisco Ortega Polanco, envió a los imputados a juicio tras asegurar que existen méritos suficientes para la acusación.
Los imputados serán juzgados por los jueces de Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en una audiencia pública que se espera que se alargue varias semanas.
En un principio, el Ministerio Público imputó a 14 personas por este caso, ocho de los cuales fueron enviados a prisión preventiva, pero luego salieron mediante recursos judiciales.
Para el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, el juicio en contra de los seis procesados marca “un hecho sin precedentes en la historia judicial dominicana”, ya que es el caso de corrupción de mayor magnitud que se ha investigado en el país en los últimos 20 años.
El escándalo Odebrecht puso evidencia un entramado de corrupción en la clase política del país, salpicó a los dos principales partidos, el gobernante PLD y el opositor PRM, y ha desgastado al actual Gobierno.
Las revelaciones sobre el pago de sobornos llevaron a miles de personas a las calles del país entre 2017 y 2018 para reclamar el fin de la corrupción y que se haga justicia.
Desde entonces, varios sectores han pedido que se abra una investigación contra el jefe de Estado, pero la Fiscalía excluyó del caso la termoeléctrica de Punta Catalina, obra estrella de la gestión de Medina, licitada en 2014, por no haber encontrado evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos.
Según documentos publicados en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana.
La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la Procuraduría dominicana en 2017 por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos en el país.
