El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana expresó que la equidad que manda la Constitución en la competencia preelectoral y electoral es el gran reto que enfrenta la Junta Central Electoral (JCE), indicando que la falta de designación de un nuevo ministro de obras públicas otorga ventajas al precandidato Gonzalo Castillo, vulnerando la igualdad que debe existir entre los precandidatos.
Por tal motivo, pidió a la Junta Central Electoral velar por la equidad y la transparencia en el desarrollo del proceso pre-electoral y electoral.
Manuel Crespo solicita a la Junta inhabilitar precandidatura de Gonzalo Castillo
Participación Ciudadana, en el marco del Programa de Observación Electoral 2020, pretende señalar casos que transgredan principios fundamentales de la democracia y la equidad en la contienda electoral, como ocurre en la actualidad con el precandidato Gonzalo Castillo, quien renunció al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el pasado 05 de agosto, pero a un mes después no ha sido sustituido, generando la percepción de que continua al frente de la institución, constituyendo esto una ventaja que rompe la equidad entre los distintos precandidatos que enfrenta.
“Mantener sin designar el sustituto de Gonzalo Castillo ha hecho que su renuncia sea una ficción, pues de conformidad con las leyes vigentes ninguno de los viceministros puede ostentar las funciones del ministro, quien debe ser sustituido mediante decreto por el Presidente de la República, como en efecto siempre se ha hecho, y lo que está sucediendo en términos reales es que, quien dirigió uno de los ministerios más grandes y con mayores presupuestos del gobierno central por más de siete años, que inclusive ha excedido en los últimos años sus funciones suplantando atribuciones y competencias propias de los ayuntamientos no solo asfaltando calles, sino prestando servicios de limpieza, ornato, fumigación y asistencia social se mantiene en la práctica, utilizando incluso los colores del Ministerio en su precampaña”. Manifestaron en el comunicado.
La organización de la sociedad civil expresó que el período de precampaña, tiene características particulares por estar regulado por una ley de partidos largamente deseada, pero que ha sido aprobada con claras violaciones a la Constitución y con muchas zonas grises, lo que no deja de constituir un gran reto para medir el grado de madurez de nuestra democracia y del Estado de Derecho, y sobre todo la voluntad de nuestras autoridades electorales, por lo que aseguran que estarán dando seguimiento a las violaciones de las reglas que puedan producirse, incluyendo aquellas que tienden a romper la equidad que debe regir los procesos electorales de acuerdo con la Constitución.
Participación Ciudadana recordó que el Artículo 212 párrafo IV de la Constitución dispone que: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.” Estas reglas aplicables a la campaña, son aplicables por igual a la precampaña, pues la misma forma parte de los procesos electorales a que refiere el texto constitucional.
La Ley de Régimen Electoral 15-19 señala expresamente en su artículo 139, párrafo I, que no debe crearse desigualdad frente a los demás candidatos, tal y como lo han denunciado algunos de los demás precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Es obvio que se ha creado una desigualdad entre los mismos, producto del control fáctico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por parte del precandidato Gonzalo Castillo y todo su equipo de trabajo que aún permanece en dicha entidad pública”. Aseguraron mediante comunicado de prensa.
Participación Ciudadana reitera la necesidad de que se cumpla con las leyes, para garantizar una precampaña y campaña apegadas a los principios de transparencia, equidad y libertad como ordena la Constitución.
