Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público, dio inicio al recorrido por las pruebas que demuestran la culpabilidad de los acusados en el entramado de corrupción que tiene como eje transversal a Juan Alexis Medina Sánchez, en la estafa de más de 4,500 millones al Estado dominicano.
En esta primera fase, el Ministerio Público expuso las pruebas que sustentan la culpabilidad de Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez, la empresa R & T Construcciones e Inversiones SRL y, de manera transversal, de Juan Alexis Medina Sánchez, quien fungía como el nexo principal dentro de la estructura criminal.
Al describir la estructura ilícita, el procurador adjunto Wilson Camacho reafirmó que Medina Sánchez lideraba el entramado de corrupción, aprovechando su vínculo familiar con el expresidente Danilo Medina para obtener beneficios económicos de manera irregular.
Camacho enfatizó que Alexis Medina incurrió en múltiples violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, obteniendo contratos estatales a pesar de estar impedido legalmente. Se demostró que utilizó empresas de papel sin capacidad operativa, modificó el objeto social de sus compañías para ajustarlas a proyectos previamente conocidos y manipuló licitaciones y contratos a su favor.
Además, falsificó facturas y recurrió a testaferros para encubrir una red de lavado de activos, mientras se adjudicaba contratos alegando ser distribuidor exclusivo sin la capacidad real para suministrar bienes o servicios.
El Ministerio Público también destacó que la mayoría de las empresas vinculadas a la red de corrupción compartían el mismo domicilio comercial, lo que evidencia la estructura organizada con el único fin de contratar con el Estado dominicano.
Fernando Rosa y R & T Construcciones e Inversiones SRL
Durante la audiencia, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, detalló la participación de Fernando Rosa en el esquema de corrupción dentro del FONPER. Ortiz indicó que, en su calidad de administrador del FONPER, incumplió con su deber de gestionar los recursos públicos con responsabilidad, incurriendo en maniobras fraudulentas y favoreciendo a un mismo suplidor. Se evidenció que la empresa Suim Suplidores Institucionales Méndez, SRL recibió pagos con sobreprecios y que utilizó otras compañías para suplir productos.
Rosa también es señalado por ocultar bienes en su declaración jurada, en violación a la Ley 311-14. Según pruebas periciales, declaró solo un solar, pero el Ministerio Público constató que en dicho terreno existe una plaza comercial con locales alquilados. Además, a través de la empresa RyT Construcciones e Inversiones, SRL, encubrió su patrimonio y financió gastos personales, configurando los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Ortiz destacó que en allanamientos realizados a Rosa se encontraron pruebas de que RyT Construcciones e Inversiones, SRL le permitía manejar fondos, pagar préstamos personales y cobrar rentas, a pesar de no figurar oficialmente como dueño, lo que evidencia un intento de ocultar bienes adquiridos con fondos ilícitos.
Finalmente, la fiscal señaló que Fernando Rosa utilizó recursos del FONPER para el financiamiento ilícito de campañas políticas, según lo documentado en las pruebas periciales aportadas ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Carmen Magalys Medina Sánchez
Ortiz explicó que Magalys Medina, en su rol de funcionaria pública, violó la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 124-01 que crea el FONPER y sus reglamentos, para beneficiar a su hermano, Juan Alexis Medina Sánchez y las empresas vinculadas al entramado corrupto.
El Ministerio Público presentó pruebas que demuestran que Carmen Magalys Medina Sánchez tenía pleno conocimiento de que las empresas que participaban en los procesos de compras del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) eran controladas por su hermano, Juan Alexis Medina Sánchez, lo que evidencia su participación activa en el entramado de corrupción.
Asimismo, se determinó que la empresa General Supply SRL emitió cheques por altas sumas de dinero destinados a la compra y reparación de baños en beneficio de Carmen Magalys Medina Sánchez. Esta operación constituye una doble violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, ya que además de los contratos fraudulentos, se comprobó que recibió sobornos por aproximadamente un millón de pesos a través de estos trabajos.
El Ministerio Público también señaló que Carmen Magalys Medina Sánchez incurrió en el delito de concusión al ocupar simultáneamente dos funciones dentro del FONPER: directora administrativa y vicepresidenta, recibiendo doble salario sin la existencia de un decreto que le otorgara autorización legal para ello.
La fiscal explicó que Magalys Medina adjudicó contratos de manera irregular, pagó empleados fantasmas “botellas” y distribuyó fondos de manera indebida, incluyendo aportes reiterados a la fundación de su hermana, la exdiputada Lucía Medina, a través de la cual se manejaron fondos millonarios de forma irregular, configurando el delito de coalición de funcionarios, según el artículo 123 del Código Penal Dominicano.
El equipo del Ministerio Público en este juicio está conformado por Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución; Mirna Ortiz, directora de la PEPCA; y los procuradores fiscales Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Elizabeth Paredes.
La audiencia fue recesada para el próximo lunes 24 de marzo, cuando el Ministerio Público continuará la presentación de sus conclusiones contra los demás implicados en el entramado de corrupción.
