El jurista Carlos Julio Martínez, experto en Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, consideró que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha desmantelado el sistema de jurisdicción privilegiada, “exponiendo a los funcionarios a un proceso judicial que, lejos de proteger sus derechos, los deja a la deriva en un limbo legal sin precedentes”.
En ese sentido, calificó de “golpe fatal” la resolución núm. 004/2020 y su ratificación (núm. 00235/2020), por parte del Pleno de la SCJ, estimando que esas disposiciones arruinan las garantías judiciales y el debido proceso.
“El Pleno de la SCJ ha cometido un error garrafal. Su teoría sobre la jurisdicción privilegiada no solo es ineficaz, sino que ha pulverizado las garantías del debido proceso y dejado a los imputados sin una posibilidad real de defensa”, planteó.
Según él, esas decisiones contradicen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Barreto Leiva vs. Venezuela.
El jurista enrostró a la SCJ el hecho de usar “argumentos débiles y pretextos burocráticos” para justificar una violación directa a la Constitución.
“Quieren vendernos esta medida como un avance, cuando en realidad es un retroceso peligroso. No se puede sacrificar el derecho a una defensa justa en nombre de la celeridad procesal y la descongestión judicial”, afirmó, citando la sentencia C-345 de 1993 de la Corte Constitucional de Colombia, que dejó claro que el principio de doble instancia no es un requisito esencial del debido proceso.
Martínez advirtió que esta reforma impuesta desde el Pleno de la SCJ es una trampa que despoja a los imputados del derecho a impugnar una sentencia de manera justa e imparcial.
“La Corte Constitucional de Colombia fue clara en su sentencia 146 de 2020: una condena debe ser revisada por otro juez imparcial e independiente. Pero con esta decisión, la SCJ condena a los acusados a la incertidumbre y a un proceso desequilibrado desde el inicio”, denunció.
El abogado constitucionalista también señala que esta medida ignora por completo la naturaleza excepcional de los procesos de jurisdicción privilegiada, que fueron diseñados para ser atendidos por los magistrados de más alto nivel del país.
En su opinión, con esta resolución, la SCJ no solo ha violado la Constitución, sino que ha sentado un precedente peligroso que podría dejar en el aire cualquier juicio futuro contra funcionarios de alto rango.
“Estamos presenciando el desmantelamiento de las garantías procesales en vivo y en directo. La SCJ, en su intento por jugar a ser reformadora del sistema judicial, ha pisoteado el derecho al debido proceso, al acceso a la justicia y a la igualdad ante la ley. Si esto no se corrige, será el caos”, concluyó Martínez.
