
La Segunda Sala del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este martes el recurso de apelación presentado a los fines de variar la medida de coerción impuesta a los imputados Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario, involucrados en la presunta red de estafa inmobiliaria que habría defraudado a cientos de personas, prometiendo viviendas en proyectos falsos, desmantelada mediante la Operación Nido.
“En el día de hoy fuimos convocados a los fines de un recurso de apelación a la medida de coerción que se pusiera en enero del 2024 a cargo de dos imputados que están siendo sometidos en la operación Nido o en el caso de la estafa de Indisarq, estos imputados son la hermana de Enmanuel Rivera Ledesma, Mirna Catalina Rivera Ledesma y quien hacía de contable en la empresa Juan Omar Rosario”, aseguró el abogado Fernandito Montero Morillo.
Puedes leer: Aplazan audiencia preliminar del caso Nido para marzo
En el mes de enero, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares para los implicados, resultando en prisión preventiva para algunos, incluida la principal persona acusada, Emmanuel Rivera Ledesma.
MEDIDAS CAUTELARES IMPUESTAS:
-Prisión preventiva para los principales implicados: Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López.
-Arresto domiciliario para Reilin Arismendy Rosario García.
-Garantía económica de 5 millones de pesos y grillete electrónico para Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera Pichardo.
-Impedimento de salida del país para algunos acusados.
El juez Rigoberto Sena destacó la gravedad de las pruebas contra los implicados, lo que refuerza la acusación de estafa y fraude inmobiliario en el caso.
DESMANTELAMIENTO DE LA RED CRIMINAL:
El Ministerio Público inició la Operación Nido en enero, descubriendo una red que operaba con las empresas Indisarq SRL, CRD Equipos Pesados SRL, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM SRL. Estas empresas crearon un esquema fraudulento mediante la falsificación de documentos y el lavado de activos, estafando con más de 700 millones de pesos a personas que invertían en viviendas en siete proyectos inmobiliarios falsos.
Durante el operativo, se realizaron veinticinco allanamientos en diferentes localidades, incluyendo San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. El Ministerio Público ha comenzado a recuperar los bienes desviados por los acusados, los cuales estarán bajo su custodia.