En Samaná, la jueza de primera instancia Dilcia Peña Green varió la medida de coerción contra Yeral Enrique Marte Taveras, acusado de matar a Carlos Rafael Abreu Morel. Le cambió la prisión preventiva por una garantía económica de 1,500,000 pesos, presentación periódica y vigilancia de un garante.
De inmediato, el fiscal investigador Daniel Misael Rijo rechazó la decisión, alegando que la gravedad del hecho y el peligro de fuga del imputado justificaban mantenerlo en prisión.
“Nuestra prioridad es garantizar justicia para la víctima y su familia. No podemos permitir que el proceso se vea comprometido”, afirmó.
Ante esto, el Ministerio Público presentará un recurso de apelación, bajo el alegato de que la jueza ignoró los riesgos procesales al flexibilizar la medida.
El caso sigue generando debate en la comunidad de Samaná.
