El Ejército nacional adoptó como lema, en 2022, “Honor, Disciplina y Patriotismo”, valores que se inculcan a diario en los patios de armas de las diversas brigadas. Sin embargo, en ocasiones estos principios no calan en todos los miembros, quienes deben ser separados de las filas debido a faltas que manchan el nombre de la institución.
Actualmente, el Ejército cuenta con una fuerza de 22,712 hombres. No obstante, en los últimos cinco años, 1,060 miembros han sido dados de baja, lo que representa el 4.66% de su personal, debido a faltas graves que justificaron su despido.
El año con más bajas fue 2024, con 403 miembros despedidos, seguido por 2020, con 197 cancelaciones. De estos, más del 50% eran alistados, mientras que menos del 15% eran oficiales superiores.
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En los últimos años, la institución también ha emitido nueve cancelaciones de nombramiento por sentencias condenatorias, que se ejecutan después de que un miembro sea hallado culpable de un delito en un tribunal judicial civil.
El año con menos bajas deshonrosas fue 2022, con 129 miembros expulsados, seguido de 2021, con 161, y 2023, con 170, según la información publicada por el Ejército a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP).
Un miembro de la institución, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó a N Digital: “El Ejército ofrece poco apoyo cuando te ves involucrado en cualquier tipo de hecho, aunque no se pruebe que lo hayas cometido. Debería existir una entidad dentro de la institución que, al ser señalado por un hecho, realice una investigación independiente a la del Ministerio Público”.
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 154, establece las causas para la finalización del servicio. En su inciso 3, se menciona: “La separación por medio de la cancelación de nombramiento, en virtud de sentencia de un tribunal competente por la comisión de crímenes y delitos que haya adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada”.
Por otro lado, el inciso 4 señala que la cancelación de nombramiento, debido a faltas graves debidamente comprobadas, debe basarse en las conclusiones y recomendaciones de la junta de oficiales, constituida como Policía Judicial Militar, encargada de la investigación correspondiente.
