En Uruguay hay 1.200 niños con referentes adultos privados de la libertad por delitos no violentos de drogas y se observan en ellos impactos vinculados a la “vulneración de derechos”, informó a Efe este miércoles Gonzalo Salles, psicólogo y director de la ONG Gurises Unidos.
La organización, con el apoyo del Servicio Mundial de Iglesias (CWS), presentó los resultados de la investigación “Niñez que cuenta” sobre las consecuencias que tiene el encarcelamiento de personas por este tipo de delito sobre los niños, niñas y adolescentes a su cargo.
“La mayoría de estos niños provienen de familias y comunidades pobres, entonces, previo a la privación de libertad de su papá y su mamá, ya están en una situación de vulnerabilidad y producto de la privación de libertad esa situación se agrava”, señaló Salles.
Para el psicólogo, uno de los elementos que sobresalen en los relatos de algunos adolescentes es el “estigma” que experimentan desde temprana edad por parte de las comunidades y de las propias instituciones educativas.
“Otro elemento que reclaman a gritos es cómo se puede trabajar con su mamá o su papá desde el momento cero de la detención, en consideración de que no podemos pensar la salida y la rehabilitación del privado de libertad dos meses antes de que salga”, contó Salles.
Desde su perspectiva, es necesario “articular un sistema de respuesta específico” por parte de las distintas instituciones del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Derpartamental y Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
“No necesariamente implica generar más programas, ni mayor inversión, sino poder introducir esta dimensión que viven muchos niños y poder abordarlo, poder trabajar esa realidad con ellos”, aclaró.
La investigación, que contó con 21 entrevistas, 7 de adolescentes de entre 13 y 18 años, advirtió sobre el alto número de personas privadas de libertad en Uruguay, que en 2017 llegaba a 11.253 y que coloca al país en el lugar 27 entre los 222 países del mundo con mayor cantidad de presos por habitante.
El informe también recoge el dato de que actualmente son 41 las madres con hijos menores de 4 años que viven con ellos en prisión y que se observa un crecimiento sostenido en el involucramiento de las mujeres en la venta de pasta base y cocaína.
Con relación a la cuestión de género, Gabriela Olivera, asesora técnica de la Junta Nacional de Drogas, informó de que, desde la Secretaría Nacional de Drogas (SCN), se observa el “desamparo” que experimentan los niños, niñas y adolescentes y, a veces, los adultos mayores a cargo de estas mujeres.
“Las mujeres, a veces, son privadas de libertad por delitos menores de microtráfico y, la mayoría de las veces, son primarias, es decir, no son personas que tengan una historia delictiva, sino que (el delito) pasa a formar parte de una estrategia de vida, de manutención”, indicó Olivera.
El informe que se presentó este miércoles en la Intendencia de Montevideo indicó que la mayoría de las personas que participan de esta modalidad delictiva -que en 2012 representaba un 12 % del total de delitos-, son personas jóvenes en situación de pobreza.
Además, en el informe se denuncia que, a pesar de la legalización de la marihuana en 2013, en el país existe un “sistemático aumento de penas para el resto de las sustancias, especialmente para la pasta base, lo que contribuye a la criminalización de la pobreza”.
