Por: Joel Suriel. – El abogado Alberto Fiallo ha creado un avispero en el sistema político dominicano con la acción directa de inconstitucionalidad que presentó contra los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que se promulgó el año pasado.
Y es que el Tribunal Constitucional falló a su favor, permitiendo las candidaturas independientes, creando temor en las organizaciones políticas, al punto que en este tema tanto la oposición como el oficialismo, preparan una declaración conjunta de rechazo a la sentencia de la alta corte.
La sentencia TC/0788/24 no solo ha creado revuelo en las organizaciones políticas, que ven amenazada su representatividad con la incursión de candidatos independientes, sino también en organizaciones de la sociedad civil.
PLD expresa su preocupación por candidaturas independientes aprobadas por el TC
Tanto la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) como Participación Ciudadana (PC) han expresado preocupación por la sentencia emitida por la alta corte la semana pasada.
La organización considera que la mencionada decisión del TC podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político.
La entidad señaló que la sentencia desvirtúa los esfuerzos realizados en diferentes espacios para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
En ese sentido, la Finjus sostuvo que si bien existen desafíos importantes que superar en el marco de la representación política de cara a una razonabilidad histórica y social, “estos no pueden anclarse en una motivación jurídica que produzca y reproduzca el surgimiento de extremos que debiliten la institucionalidad de las organizaciones políticas, generen grupos espontáneos fuera de la fiscalización y el control institucional y confundan a la voluntad colectiva desde una visión castigadora de la propia estabilidad democrática de la Nación”.
Mientras que Participación Ciudadana, representado por su coordinador general, Erick Hernández, explicó que los derechos fundamentales y los temas de materia electoral deben ser aprobados por leyes orgánicas, conforme el artículo 112 de la Constitución, lo que quiere decir que deben tener una mayoría reforzada en el Congreso de la dos tercera parte de los presentes.
Manifestó que el TC ha abrogado esa competencia en la sentencia que habilita la candidatura independiente, la cual como requisito debe de presentar un programa de gobierno y cumplir con el 2% del patrón de las elecciones anteriores, la firma de aproximadamente 92 mil personas.
“Es criticables al Tribunal Constitucional que se haya embarcado en temas que son propios a leyes orgánicas, sin embargo el reto ahora es, como vaya a reaccionar la Junta Central Electoral”, expresó el coordinador de PC tomando en cuenta que esa decisión no tiene vía de recursos.
Partidos a una contra sentencia
Los principales partidos políticos, encabezados por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los opositores Fuerza del Pueblo (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se reunirán esta semana con las demás organizaciones políticas para expresar su rechazo a la sentencia del TC.
Sigmund Freund, delegado político del PRM ante la JCE, dijo que permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral.
Mientras que el secretario general PLD, Johnny Pujols, señaló que la decisión de la alta corte plantea serios riesgos para la estabilidad del sistema político, ya que a su entender, facilita la desigualdad en la competencia electoral, la infiltración para el crimen organizado, la división y el transfuguismo, así como el caos logístico y administrativo.
Por la Fuerza del Pueblo es probable que su líder, el expresidente Leonel Fernández, escriba un artículo este lunes cuestionando aspectos de la sentencia del Tribunal Constitucional.
El dictamen del Tribunal Constitucional emitido el pasado lunes, también permite que agrupaciones cívicas o sociales propongan candidaturas independientes sin necesidad de inscripción previa, siempre que lo declaren ante la Junta Central Electoral (JCE) al menos 75 días antes de las elecciones.
