La líder opositora de Venezuela María Corina Machado urgió este domingo a la comunidad internacional a “actuar ya” ante la “tortura” que, según denunció, hay contra los seis antichavistas refugiados desde marzo en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas -custodiada por Brasil-, bajo “asedio” desde el 23 de noviembre.
“Las cosas hay que llamarlas por su nombre: lo que ocurre hoy en la Embajada de la Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, es tortura en territorio argentino”, dijo la exdiputada en redes sociales.
Machado aseguró que Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola “permanecen aislados, sin agua, sin luz y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso”.
“El mundo democrático debe actuar ya”, agregó la antichavista, quien asegura estar en la clandestinidad dentro del país caribeño, al temer por su “vida”.
Este sábado, Urruchurtu -estrecho colaborador de Machado- dijo a EFE que desde el pasado lunes están “sin electricidad”, tras el denunciado robo de fusibles eléctricos, y que tampoco permiten el acceso de un camión cisterna con agua potable para reponer lo consumido del tanque de la residencia, que -afirmó- se agotó este fin de semana tras varios días racionando su contenido.
La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pidió esta semana presión internacional para que cese el “asedio criminal” y “se emitan, cuanto antes, los salvoconductos para los seis compañeros”, quienes ingresaron a la sede diplomática luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos como conspiración y traición a la patria.
Desde agosto, la embajada permanece bajo la protección de Brasil -luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos-, aun cuando el Gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.
Este domingo, la oposición mayoritaria lleva a cabo numerosas protestas dentro y fuera de Venezuela para exigir a la Corte Penal Internacional (CPI) que actúe “ya” para que haya “justicia” en el país caribeño, objeto de una investigación de este tribunal por presuntos crímenes de lesa humanidad.
