Santiago.- Reputados comunicadores de la ciudad de Santiago y el canal de televisión Luna TV deploraron este viernes que la gobernadora provincial, Rosa Santos, “en un acto avasallante, temerario y sin precedentes” atente contra la libertad de prensa en el país y solicite el cierre de ese medio de comunicación y una indemnización ascendente a 550 millones de pesos como mecanismo de presión.
Los comunicadores y los directivos del canal externaron que esta actitud representa un intento descarado de presionar y silenciar a la prensa para que no cuestione el accionar público de los funcionarios en el ejercicio de sus deberes.
Precisaron que la denuncia de difamación e injuria interpuesta por la gobernadora contra Roberto Tineo, Carlos Benoit, David Lantigua y la administración de Luna TV canal 53, constituye un exceso y reclamarán hasta las últimas consecuencias su derecho a expresarse libremente ya que no cederán ante las presiones.
Esta denuncia se produjo a raíz de que los periodistas se hicieron eco de informaciones publicadas en medios dominicanos y españoles sobre la supuesta venta de visas a nacionales pakistaníes en el consulado dominicano en Valencia, España, que estaba a cargo de la destituida cónsul Romina León Santos, hija de la gobernadora.
“No importan las presiones ni de Rosa Santos ni de ningún otro funcionario, vamos a mantener el criterio de que la verdad debe prevalecer y no vamos a tocar nunca la familia ni la vida privada de ningún funcionario. Esa no es la razón de ser de nosotros como comunicadores ni como medio”, expuso el periodista David Lantigua.
Precisó que los cuestionamientos sobre ese caso que se hicieron en Luna TV corresponden a informaciones publicadas en varios medios nacionales e internacionales y enfatizó que todos los funcionarios deben estar sometidos al escrutinio público porque manejan fondos públicos y ninguno puede estar por encima de la ley.
“Ella cree que va a avasallar la comunicación del país y esos tiempos pasaron. Esos tiempos de callar, perseguir y asesinar periodistas, esos tiempos pasaron”, reclamó el conocido periodista Roberto Tineo.
De igual manera, el comunicador Carlos Benoit se pronunció con firmeza frente a la demanda, reafirmando su compromiso con los principios éticos del periodismo.
“Nosotros no podemos conciliar con la falta de democracia, nosotros jamás vamos a conciliar con la mentira y jamás vamos a decir que es mentira aquello que es verdad”, expuso.
En tanto, Angelita Villamán, comunicadora y productora, quien acudió en solidaridad de los periodistas indicó que se mantendrán en pie de lucha hasta el último minuto en defensa de la libertad de expresión porque aparentemente lo que sucede es que “Trujillo murió y revivió en Santiago”.
De su lado, Aurelio Henríquez, presidente nacional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), manifestó que esa entidad nunca va a estar de acuerdo con que se cierre ningún medio de comunicación e invitó a la gobernadora de Santiago a retirar esa demanda o llegar a un acuerdo entre las partes. “Creo que esta situación debe pararse porque la libertad de expresión que nosotros hemos logrado desde hace más de 50 años hasta la fecha, jamás ni el Colegio Dominicano de Periodistas, ni un periodista, ni un ciudadano ni el presidente de la República vamos a permitir que se cercene”, expresó.
Asimismo, Juan Carlos Bisonó, presidente del CDP en Santiag, aseguró que no van a permitir que se vulnere el derecho a la libertad de expresión. “Eso es inaceptable. Entendemos que hay una exageración por parte de la gobernadora de Santiago porque entendemos que jamás se debe atentar y eso es un atentado a la libertad de expresión”, dijo.
José Batista, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Santiago, sostuvo que siempre estarán a favor de defensa de la libre expresión y “del derecho que tienen los periodistas de buscar las informaciones y de llevárselas a aquellos que no tienen ese poder que tenemos nosotros de informar”.
En tanto, el abogado Geovanny Tejada manifestó que cerrar un medio de comunicación atentaría indudablemente contra la libertad de prensa. Precisó que, aunque la gobernadora de Santiago tiene todo el derecho de accionar legalmente contra quien entienda que la ha afectado, ella debe recordar que es una funcionaria pública y está en la obligación de responder a cualquier cuestionamiento que se le haga en el desarrollo de sus funciones.
La audiencia de conciliación estuvo pautada para este viernes y fue aplazada para el 06 de diciembre para que los abogados puedan conocer los expedientes y estudiarlos a profundidad. A esta audiencia asistieron decenas de comunicadores, organizaciones y productores de la provincia de Santiago en solidaridad con el medio y los periodistas.
