Víctimas del caso Nido vuelven a exigir que apresen a funcionario del MEPyD
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Víctimas del caso Nido vuelven a exigir que apresen a funcionario del MEPyD

Víctimas del caso Nido vuelven a exigir que apresen a funcionario del MEPyD

Por Raúl Germán Bautista.- Las víctimas de Enmanuel Ledesma y compartes volvieron a protestar este martes 15 frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir el arresto del director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo Medina.

Dorrejo Medina figura en el expediente de formal acusación presentado por el Ministerio Público en contra de 11 personas físicas y dos jurídicas que presuntamente estafó, mediante proyectos inmobiliarios y que fueron desmantelados en la Operación Nido.

“Hoy era la revisión obligatoria de la medida de coerción. Nosotros venimos aquí porque tenemos miedo de que la justicia no haga su trabajo, como nos tienen acostumbrados históricamente a hacer. Entonces, por eso vinimos aquí parte de los afectados y algunos representantes de las familias para ver en qué iba a parar este proceso. Nosotros le pedimos al presidente de la República que Erick Dorrejo Medina, ese señor que está devengando un sueldo de 200 mil pesos sea investigado, ya que tiene 35 millones de pesos de las víctimas”, declaró una de las afectadas.

Erick Dorrejo Medina es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (2000), y es el director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Tiene especialidad en Administración de la Construcción (2002) por parte de INTEC y con estudios avanzados de Doctorado por parte de la Universidad Politécnica de Madrid (2011).

Con más de dieciséis años de experiencia proveyendo asistencia y trabajando con el gobierno nacional, los ayuntamientos, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y entidades de cooperación internacional en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, gestión municipal y movilidad urbana.

Dentro su amplia experiencia laboral, ha sido gerente de Proyectos del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, consultor investigador del Equipo de investigación EQUIS/INTEC y de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, especialista en planificación del International City Managment Association y asesor en temas de ordenamiento territorial y planificación urbana del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

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CASO NIDO.-

El expediente, presentado ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, señala como acusados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera y las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.

Asimismo, sumaron a los nuevos imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson.

La acusación fue presentada por la directora de la Dirección General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, junto a los fiscales Andrés Octavio Mena y Surelis Jáquez, quienes lideraron la investigación y preparación del caso.

Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.

La investigación arrojó que la supuesta red criminal utilizaba las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL como instrumentos para ejecutar los fraudes, ofertando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.

Además, se constató que estas empresas no cumplieron con sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que constituye defraudación tributaria.

De acuerdo con la acusación, el monto aproximado de la estafa a las víctimas ocasionada por los acusados asciende a un monto superior a los RD$235 millones de pesos y más de US$10 millones, dinero que debe ser resarcido en favor de las víctimas del presente proceso.

 

 

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