Santiago de Chile, (EFE).- La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó iniciar un juicio político (acusación constitucional) contra dos magistrados de la Corte Suprema por distintos casos de corrupción.
Por 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, los diputados dieron luz al instrumento jurídico presentado por la oposición de derecha contra Ángela Vivanco y Sergio Múñoz, y ahora le tocará al Senado juzgar si son culpables o inocentes.
El escándalo, que ha remecido a Chile las últimas semanas, estalló tras la filtración de una serie de chats entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, protagonista del ‘Caso Audios’ y en prisión preventiva desde finales de agosto, que revelaron que la magistrada habría pedido ayuda al letrado para ser ratificada como magistrada de la Corte Suprema.
Las conversaciones también muestran cómo, ya siendo magistrada, habría intentado vetar designaciones de jueces y apoyar el ascenso de otros, además de compartir información con Hermosilla de causas de interés.
El escándalo
Además de jueces y fiscales, el caso ‘Audios’ salpica a la élite política y empresarial de Chile, especialmente a la derecha tradicional, ya que Hermosilla fue asesor de Andrés Chadwick, primo y exministro del Interior en las dos Administraciones de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).
A Muñoz, por su parte, lo acusan por presuntamente haber entregado a su hija información privilegiada en la compra de departamentos y quedó este miércoles suspendido del cargo tras la decisión de la Cámara de Diputados.
Desde el retorno a la democracia, en 1990, en Chile la Cámara de Diputados ha presentado ocho acusaciones constitucionales contra jueces de la Corte Suprema que han sentado en el banquillo del hemiciclo a 20 altos magistrados.
A raíz de estos escándalos, el Gobierno de Gabriel Boric presentará a mediados de octubre una iniciativa para reformar el sistema de nombramientos de magistrados del máximo tribunal, que rige desde hace dos décadas y lleva años bajo cuestionamiento por los conflictos de interés de todos los actores del sistema de Justicia.
Por: EFE
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