Por Israel Figueroa.- Según el Ministerio Público, el objeto social de la empresa Transcore Latam S.R.L., fue tomada como modelo por la dirección del INTRANT para diseñar el pliego de condiciones y convocar la licitación para modernizar, ampliar, supervisar y gestionar el sistema de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.
De acuerdo a la solicitud de audiencia para conocer medida de coerción y declaratoria de complejidad, los involucrados en la operación Camaleón adaptaron los requisitos para hacer parecer a la empresa como la más adecuada.
“El pliego de condiciones fue elaborado en las oficinas de la empresa Aurix S.A.S., ubicada en la Avenida Gustavo Mejía Ricart”, en una reunión dirigida por Jochi Gómez, y de ahi fue llevado hacia el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), por Hugo Beras y Frank Díaz Warden.
Los imputados en la Operación Camaleón son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también señala en el documento que tras la designación de Hugo Beras como director general del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en agosto del 2022, junto a su equipo elaboró el Plan Operativo Anual (POA) y el proyecto de presupuesto para el año 2023, que “no contemplaban partidas para proyectos de amplio alcance económico ni infraestructural”.
Según el Plan Anual de Compras y Contrataciones del INTRANT para el 2023, el monto total estimado para las compras fue de RD$ 808,811,058.24, “un monto muy inferior a los utilizados en la contratación” del objeto de la investigación, es decir RD$ 1,317,350,997.00, y para la licitación pública nacional se tenía previsto un monto de RD$ 413,536,800.20 para el año completo.
Sin embargo, al momento de convocar la licitación, el INTRANT aumentó 1,053% el monto de inversión, para llevarlo de RD$$ 104,000,000.00 a RD$1,200,000,000.00, “sin justificar a través de cuáles estudios técnicos previos se determinó la elevación del costo del proyecto”.
“Hubo una modificación al POA que impactó el monto del proyecto y el presupuesto de la institución, siendo ejecutada esta modificaron por la Dirección de Planificación y Desarrollo, área que para la fecha estaba dirigida por la señora Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, lo anterior por mandato directo de Hugo Marino Leopoldo Reras Goico Ramírez” indica.
El próximo martes continuará la audiencia de solicitud de medida de coerción que inició ayer.
