A horas de que se venza el plazo esta misma tarde, los legisladores van entregando a cuentagotas sus respectivas declaraciones juradas de patrimonio, y algunos se han quejado en público de las trabas que les ha puesto la Cámara de Cuentas.
Hasta ayer, unos 50 congresistas se habían presentado en el órgano fiscalizador a cumplir con el mandato de la Ley 311-14, la cual establece que funcionarios y exfuncionarios tienen un mes para reportar sus bienes al por mayor y detalle.
Justamente hoy se cumple ese mes, ya que este nuevo cuatrenio se inició el pasado 16 de agosto. De no cumplir con esa disposición legal, los funcionarios podrían sufrir sanciones y penalidades, incluyendo prisión y multas, hasta que hagan lo que tienen que hacer. El objetivo de la ley es saludable para la democracia: apuesta a la transparencia de los servidores públicos.
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Realmente, se trata de cientos y cientos de funcionarios que se pueden dividir en tres grupos: los nuevos, los reelectos y los salientes. Algunos ya iniciaron el proceso, otros están en vías de verificación y otros más ya completaron su asunto.
Se espera que en horas de la tarde haya un corte o cierre de estos tres grupos de funcionarios y exfuncionarios. Se les recuerda que no pueden falsear sus inventarios. Si lo hacen podrían ir a la cárcel.
Todos ellos tienen la misma responsabilidad de presentar su patrimonio y salir de eso. No faltan razones para las presiones ciudadanas.
Hasta el sábado, unos 27 diputados habían cumplido con el mandato de la ley. Aparte de ellos, 75 habían comenzado el proceso y otros 36 estaban en vías de verificación.
Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, y su colega Tobías Crespo fueron a cumplir. Ambos criticaron por separado el tedioso papeleo que tienen que hacer.
Pacheco dijo que nunca antes le había dado “tanta brega” hacer el proceso, y añadió que está puesto en eso para resolverlo de una buena vez.
Crespo criticó que se la pongan tan difícil, con la Cámara de Cuentas hasta pidiéndole informaciones confidenciales de su familia y de sus transacciones bancarias. Lo ve como una incómoda intromisión en su vida personal.
Dijo que se trata de una declaración y no de una auditoría ni de una investigación penal, por lo que el órgano fiscalizador no debiera exigir tanto. Esas mismas críticas las han formulado otros legisladores.
¿Trabas o requisitos?
La ley fija los requisitos para hacer la declaración, son estos:
-Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de cédula, dirección de domicilio, estado civil, profesión u ocupación, dirección profesional, números de teléfono, nombre y cédula de su cónyuge.
-Identificación del lugar de trabajo y de los ingresos por labores y otras actividades.
-Detalles de cuentas corrientes, de ahorros, certificados financieros y cualquier otro tipo de inversión financiera en el país y en el exterior.
-Relación detallada de todos los activos y pasivos de la comunidad conyugal del declarante.
-Información sobre membresía en juntas o consejos administrativos en instituciones públicas o privadas.
-Información sobre el carácter de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean éstas con fines lucrativos o no.
-Relación detallada y actualizada de bienes patrimoniales, muebles e inmuebles, registrados o no, tanto en la República Dominicana como en el exterior, con sus valores estimados.
-Declaración ante la Dirección General de Impuestos Internos sobre patrimonio.
