A juicio del jurista Miguel Valerio, los que se oponen a la propuesta de reducir el número de diputados en la reforma constitucional deberían reconsiderar su posición, pues entiende que República Dominicana es un país pobre que no debería seguir teniendo a 190 miembros en la Cámara Baja.
“Esto es un parlamento muy costoso y demasiado grande. Quien no esté a favor de esa reforma evidentemente tiene que revisarse”, expresa en un video enviado a esta redacción.
Explicó que la reducción del número de diputados permitirá una representación más acorde con el tamaño de cada provincia. Señaló que parlamentos de otros países, con poblaciones mucho mayores que este país, son significativamente más pequeños.
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Haciendo una comparación con España, indicó que ese país con 45 millones de personas tiene un parlamento de apenas 380 diputados, mientras que la República Dominicana, con menos de 12 millones de habitantes, tiene 190 diputados, la mitad de aquéllos a pesar de la diferencia abismal de residentes en uno y otro país.
Dijo que esa marcada discrepancia resalta la necesidad de ajustar el sistema dominicano para lograr una representación legislativa “más equilibrada y eficiente”.
“Los diputados aquí tienen que disminuirse porque son demasiado. Incluso diría más, hasta el tema senatorial en algún momento podría desaparecer”, estimó.
En el marco de la discusión sobre la reforma constitucional para la reducción del número de diputados, Valerio observó la importancia económica de esta medida. Y planteó que una reducción así no solo contribuiría a una representación más equitativa, sino que también generaría ahorros financieros significativos.
“Eso es un ahorro importante, este es un país pobre y ese es un parlamento muy caro y nosotros también ahí coincidimos con el Presidente de que es la forma adecuada”, expuso.
Elecciones: se unifican o cada dos años
Respecto a la unificación de las elecciones, el jurista expresó: “No hace sentido hacer unas elecciones en febrero y unas elecciones en mayo. Ni siquiera tiene un sentido lógico. O se dividen como estaban antes con dos años de separación, o definitivamente se unifican”.
Valerio también externó su apoyo con la exclusión del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, alegando que “nunca debió estar” y que, “de hecho, criticamos en el 2010 cuando ingresaron a un representante del Ministerio Público en Consejo Nacional de la Magistratura”.
“No son funciones propias de él, es una persona dependiente del Poder Ejecutivo. Y adicionalmente, él es que somete acciones a los jueces, entonces cuando un procurador elige a sus jueces, eso es un problema, entonces ahí estamos totalmente de acuerdo con el presidente”.
El ‘candado’ presidencial
Se refirió, además, a otro de los puntos abordados por el presidente Abinader: la protección de la Constitución para prohibir definitivamente la reelección presidencial. Valerio destacó que esta medida cumple con una promesa hecha durante la campaña electoral de Abinader, quien se comprometió a “poner un candado” a la Constitución para evitar modificaciones relacionadas con la reelección presidencial.
Expresó que el mandatario también habló de un Ministerio Público independiente en las campañas de 2016 y de 2020, y que esta iniciativa de reforma constitucional que presentó va en consonancia con esa promesa.
Juzgó que el esfuerzo del gobernante para evitar futuras reformas constitucionales relacionadas con la reelección presidencial es “loable”. Expresó que la idea de limitar la reelección a un solo período adicional es un principio ideológico valioso. Sin embargo, añadió que no está completamente de acuerdo con la inclusión de una cláusula pétrea o que no pueda ser reformada posteriormente, ya que esto podría generar problemas futuros.
Aunque reconoció las buenas intenciones de Abinader al querer asegurar que la Constitución no sea tocada nuevamente para una reelección presidencial, Valerio manifestó sus reservas sobre la incorporación de esta disposición de manera “petrificada”, pues “hay que tener mucho cuidado al manejar el tema de petrificar en la Constitución algo que luego podría resultar difícil de modificar”.
En cuanto a la independencia del Ministerio Público, expresó que difiere de la propuesta del primer mandatario y aclaró que, aunque está de acuerdo en que el Ministerio Público deje de formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, considera que no es lógico que los jueces elijan al Ministerio Público.
A su consideración, es el presidente de la República quien tiene que designar al Ministerio Público en su mandato constitucional.
