El recurso a los trabajos forzados en Corea del Norte, del que son víctimas desde prisioneros a soldados o ciudadanos en el exterior, está “profundamente institucionalizado” en el país y en algunos casos roza la esclavitud, un crimen contra la humanidad.
Un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentado el martes, elaborado mediante entrevistas efectuadas en la última década a 183 norcoreanos huidos del país y ahora residentes en Corea del Sur, ofrece detalles sobre esta explotación en el aislado régimen de los Kim.
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“Fueron forzados a trabajar en condiciones intolerables, a menudo en sectores peligrosos, sin salario, libre elección, posibilidad de renunciar, protección, atención médica, tiempo de descansos, alimentos y alojamiento”, resumió al presentar el informe el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk.
Los trabajadores además eran sometidos a vigilancia constante, eran golpeados con frecuencia, y en el caso de las mujeres (principales testimonios del trabajo forzado en centros de detención) a menudo eran víctimas de violencia sexual, subrayó el alto comisionado austríaco.
El informe identifica distintos tipos de trabajos forzados en Corea del Norte, como los impuestos en prisiones y otros centros de detención, los que sufren empleados cuyo puesto de trabajo ha sido asignado por el Estado (algo muy habitual en el régimen comunista), o los observados en soldados del ejército.
También hay este tipo de explotación que viola los derechos humanos en ciudadanos enviados al extranjero para enviar divisas al régimen, los convocados a movilizaciones especiales o los miembros de las llamadas “brigadas de choque”, normalmente en los sectores de agricultura y construcción.
Violencia sexual
Algunos de los testimonios más crudos del informe son los ofrecidos por más de un centenar de mujeres condenadas a trabajos forzados después de ser repatriadas a la fuerza tras cruzar la frontera ilegalmente (normalmente suele ser la que separa a China y Corea del Norte, aunque el informe no lo especifica).
Tras haber caído en redes de tráfico de personas que a veces les obligan a prostituirse o a contraer matrimonios forzados, son repatriadas y en detención sufren a menudo violencia sexual, física, a veces abortos forzados y denegación de servicios médicos e higiénicos.
Detenidas en prisiones, campos de reeducación y otros centros de detención, las víctimas relatan la dureza de las condiciones de vida y de trabajo en tareas agrícolas, industriales y de otros tipos en las que a menudo tenían que cumplir cuotas diarias de producción y recibían palizas o eran privadas de alimento si no las cumplían.
“Me enviaron a cultivar maíz, col, rábanos… no había maquinaria, así que siete u ocho tirábamos de un carro que normalmente se usaría con bueyes”, cuenta una de estas mujeres.
Prisioneros explotados
Otro detenido, destinado al trabajo de la construcción, relató en el informe que pasaba tanta hambre que comía malezas y hierba, lo que le enfermó, mientras otro, asignado a un grupo que cargaba sacos de cemento, contó que no disponían de mascarillas, respiraban constantemente el polvo del cemento y “apenas podían respirar.
