Las detenciones de decenas de opositores marcan la campaña en Venezuela, donde las autoridades también han actuado con sanciones como cierres de negocios que atendieron a líderes antichavistas de gira política por el país, o retención de equipos de trabajo como motos, pequeñas embarcaciones o equipos de sonido, entre otros, cuando faltan 13 días para las elecciones presidenciales.
Las sanciones se argumentan con supuestas irregularidades de registros o retrasos en pagos de impuestos, todos coincidiendo con aquellos negocios o personas que prestaron servicio al candidato de la mayor coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, o a su mayor valedora, la líder antichavista María Corina Machado.
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Este lunes, organizaciones no gubernamentales y miembros de la PUD alertaron sobre el incremento de la “persecución” política en el país, por la que responsabilizan al Gobierno, mientras que el chavismo insiste, entre insultos, en endosarles a sus adversarios supuestos planes violentos.
La campaña, que empezó el 4 de julio y finalizará 3 días antes de las votaciones, ha dejado 71 personas detenidas de manera “arbitraria”, todas vinculadas con la candidatura de González Urrutia, según un balance preliminar de la ONG Laboratorio de Paz.
Solo en las últimas 48 horas, la oposición y el Foro Penal, la organización que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, confirmaron 11 detenciones, incluido el cantante Wily Álvarez, quien compuso una canción de campaña a la líder opositora María Corina Machado y a González Urrutia.
Sin hacer mención a las detenciones, el candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, que se define como opositor, señaló en X que la “gran mayoría” de los venezolanos quiere que se dé un “cambio en paz” a través de las elecciones, en las que Nicolás Maduro buscará un tercer sexenio consecutivo.
Por su parte, el Movimiento al Socialismo condenó que el Ejecutivo esté usando “mecanismos autoritarios y violentos para tratar de impedir que la ruta electoral se vaya desarrollando en sana paz y calma”, por lo que instó a “asumir que la salida” del conflicto político “va a ser pacífica”.
Asimismo, la formación Primero Justicia denunció, en una nota de prensa, que la nación vive una “escalada de arbitrariedades” en medio de la campaña, entre las que mencionó “el cierre de locales comerciales por parte del régimen”, en alusión a los negocios sancionados por la agencia tributaria luego de atender a líderes de la PUD.
En vista de todo ello, el rector Juan Carlos Delpino, una de las cinco autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo un llamado a mantener el clima pacífico y recordó que los arrestos arbitrarios “atentan contra el ejercicio de los derechos políticos”.
