El abogado penalista Manuel Sierra (Manny) calificó hoy como un acto de corrupción los acuerdos que ha llegado el Ministerio Público en el denominado Caso Calamar con el empresario Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y Fernando Crisóstomo.
“Eso no es más que un acto de prevaricación. Porque si pecaminoso es lo que ellos han estado denunciando y percibiendo, mucho más pecaminoso es que esa gente, consciente de lo que están haciendo, se estén prestando hacer lo que la ley ni siquiera le permite”.
Indicó que jamás la Procuraduría General de la República y la Dirección de Persecución de la Corrupción debieron premiar con un acto de impunidad a implicados en el caso Calamar.
“Si yo llego a ser un funcionario en un nuevo gobierno, anulo todos esos contratos y someto a los negociadores por actos de corrupción”.
Aseguró que esos contratos no entra en lo que establece el artículo 370 del Código Procesal Penal, no entra en el artículo 34 del Código Procesal Penal y tampoco entran en el artículo 183 del Código Procesal Penal, que es algún nivel de facilidad que tiene el Ministerio Público para negociar, pero es para negociar apegado al principio tribunal y es lo que no está ocurriendo. “Es un acto de prevaricación”.
“No es verdad que el Código Procesal Penal le permite al Ministerio Público llegar a estas concesiones”.
Dinero se queda en el camino
Dijo que la supuesta devolución de dinero en efectivo hay una parte que nunca va a ingresar a las arcas del Estado.
Aseguró que se queda en el camino, en manos “unos profesores”, es un acto de prevaricación también, porque la oficina y el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, lo designó, mediante un decreto.
El presidente de la República no puede dar decreto a nombre del Estado dominicano a una oficina de abogado particular, para prestar un servicio público, ya eso está sometido al procedimiento de la ley 340, ya que ese tipo de servicio debe ir a Contrataciones Públicas.
Indicó que a Pancho Álvarez de Hedrick y Rizí, que es lo mismo, Pancho Álvarez y Participación Ciudadana en ocasión de un contrato con la DGII se lo anuló porque efectivamente él no había ido a compra y contrataciones y ese tipo de servicios necesariamente no es verdad, de que ese tipo de contratos es parte de la confianza del cliente como afirmara Carlos Pimentel en una intervención desde la ciudad de Nueva York.
Dijo que eso se trata de personas privadas, nunca cuando se trata del Estado, porque el Estado tiene que someterse a esas discusiones públicas para que otras oficinas y otras partes interesadas participen de esos concursos y puedan postular.
“De manera que ese es otro acto de corrupción. Pero lo criticable es que el presidente de la República emite un decreto”, precisó el abogado.
Ese decreto, ese grupo de abogados lo está asimilando a un contratado.
Manifestó que el abogado es una persona de confianza, un profesional de confianza, eso es en el aspecto privado, pero jamás en el aspecto público. Expresó que el Estado dominicano no puede tener confianza.
“Lo que tiene que tener es claridad y hay una ley para eso. Entonces, estos acuerdos son un acto de prevaricación grosero a lo que se está presentando un ministerio público en una actitud inmoral, porque si estamos hablando, y para nadie es un secreto que ese es un ministerio público, pues se cambió de carreta cuando vio que llegó un nuevo gobierno, que ese ministerio público fue fiel al partido pasado e ingresó de la mano de ese partido pasado.
