Con el objetivo de agilizar trámites de registro civil y brindar un marco legal para los procesos familiares relacionados con la tragedia ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto del 2023, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad y en primera lectura un proyecto de ley. Esta iniciativa declara como judicialmente fallecidas a las personas que aún permanecen desaparecidas y que se constató que estaban presentes durante la explosión.
La diputada Ydenia Doñé, representante de la provincia San Cristóbal y proponente del proyecto, destacó la urgencia de esta medida en el hemiciclo antes de su aprobación. Subrayó que muchos hijos de los desaparecidos han enfrentado dificultades para acceder a pensiones, mientras que otros familiares continúan lidiando con la falta de paz debido a los trámites civiles pendientes.
Por su parte, el diputado Eddy Montás, también representante de San Cristóbal, resaltó la importancia de la ley como una herramienta vital para desbloquear procesos civiles estancados. Explicó que esta legislación facilitará la resolución de casos que no pueden avanzar hasta que los desaparecidos sean oficialmente declarados fallecidos, casi un año después del trágico suceso.
Según lo dispuesto en el tercer artículo del proyecto de ley, las 12 personas desaparecidas durante la explosión serán declaradas como judicialmente fallecidas mediante una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal.
Para respaldar esta declaración, se considerarán diversos medios de prueba, como publicaciones, videos, audios, localización digital, conversaciones telefónicas, redes sociales, comunicaciones oficiales o reconocimientos, así como testimonios y referencias creíbles.
El procedimiento para solicitar la declaración de fallecimiento judicial de los desaparecidos será sencillo y gratuito, pudiendo ser iniciado por cualquier interesado o el Ministerio Público mediante una instancia dirigida a la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal.
Esta ley busca evitar obstáculos en trámites y regularizar los registros del estado civil correspondiente para los afectados por la tragedia.
Tres semanas atrás, varios familiares de los desaparecidos se presentaron en la Cámara de Diputados acompañados de abogados para instar al avance del proyecto, en búsqueda de paz y tranquilidad.
Cabe recordar que en la explosión, ocurrida en agosto del 2023, perdieron la vida 38 personas, y las investigaciones apuntan a la empresa Vidal Plast y sus propietarios como responsables.
