El Colegio de Abogados de Puerto Rico consideró este viernes que existe base jurídica para iniciar un proceso de juicio político contra el gobernador Ricardo Rosselló, tras desvelarse un chat que ha desatado una grave crisis con llamados a nuevas protestas para exigir su renuncia.
El informe del Colegio de Abogados revela conductas y omisiones del gobernador en el chat, que pueden constituir delitos graves y menos graves que implican depravación, y por ello pidió a la Cámara de Representantes que cumpla con su deber constitucional de iniciar el proceso de juicio político.
“Es necesario finalizar este capítulo para dirigir al país hacia la recuperación de su economía, los servicios esenciales afectados y el gobierno efectivo y confiable”, indica el comunicado de los juristas.
El proceso de destitución está basado en el poder que brinda la Constitución a la Rama Legislativa, por causas específicas que están limitadas a la traición, el soborno, delitos graves o delitos menos graves que impliquen depravación.
La participación del gobernador en esas conversaciones, que están dirigidas a perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado, puede constituir una violación al delito federal de conspiración.
Para este viernes, los sindicatos puertorriqueños convocaron un “cacerolazo” a las 17.00 hora local (21.00 GMT) en Bahía Urbana, a la entrada del Viejo San Juan, desde donde marcharán hasta la Fortaleza, la sede del Ejecutivo y residencia del gobernador.
La lista de sindicatos convocantes incluye a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), la Coordinadora Sindical, Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y Central Puertorriqueña de Trabajadores, entre otros.
En ese chat Rosselló, junto a su círculo íntimo de asesores, se burlan, mofan e insultan a periodistas, artistas y políticos, entre otros.
Los sindicatos siguen así la estela de los artistas, que el pasado miércoles convocaron otra manifestación con el mismo objetivo y que resultó multitudinaria.
La concentración del miércoles concluyó con enfrentamientos entre Policía y manifestantes que se prolongaron durante la madrugada del jueves, que dio como resultado detenciones y destrozos del mobiliario urbano.
Para evitar nuevos enfrentamientos, la Guardia Costera activó un plan de seguridad ante la protesta marítima anunciada por embarcaciones que se reunirán en la Bahía de San Juan, detrás de La Fortaleza, la sede del Gobierno.
A las exigencias para que sea destituido el gobernador Rosselló, este viernes se sumó la petición de los obispos católicos.
“Así, el señor gobernador ha herido despiadadamente un principio básico de todo gobierno para poder funcionar efectivamente bajo la ley, en particular, bajo la libertad”, expresó el grupo de obispos, liderado por el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, Rubén González.
Además, este viernes el Partido Nuevo Progresista (PNP) informó en un escueto comunicado que el gobernador Rosselló solicitó convocar a los miembros del directorio de esa formación, luego de que varios de sus integrantes expresaran su deseo de que el mandatario dé un paso al costado ante la crisis por el polémico chat.
La decisión de Rosselló de solicitar la convocatoria del PNP se produce después de que un amplio número de relevantes figuras de esa formación haya mostrado su deseo de que el gobernador dé un paso atrás y abandone el Ejecutivo.
Figuras del PNP como la legisladora Yashira Lebrón, el alcalde del municipio de Bayamón, Ramon Luis Rivera, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el de la Cámara Baja, Carlos Méndez; la representante ante el Congreso de EE.UU., Jenniffer Gonzalez, y el exgobernador de la isla Luis Fortuño han pedido que abandone el poder.
