Santo Domingo.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reveló este lunes importantes informaciones sobre la controversial y rechazada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de la que, recientemente el presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader, dijo que “no se involucró en lo más mínimo”, asegurando que fue el mandatario quien la envió para su aprobación al Senado de la República.
El expresidente de la República recordó que en los artículos que publica los lunes, realizó uno en el que decía: “en el 2021, el actual gobierno del PRM introdujo su proyecto de creación de una Dirección Nacional de Inteligencia en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones, que había sido creado por la Ley 857 del 1978”.
Sobre ese particular, Fernández recuerda que el 22 de junio del año 2021, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ofreció una rueda de prensa, desde el Palacio Nacional, en la que informaba al país que el día anterior, el 21 de junio 2021, Abinader había remitió al Senado de la República, un proyecto de ley con el que buscaba adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia.
Estas declaraciones constan aún en la página web de la Presidencia.
En su artículo titulado: “La Ley 1-24: Un grave retroceso de la democracia”, Fernández reconoce que, existían varios proyectos de ley tendiente a crear un sistema nacional de inteligencia, debatiéndose en las cámaras legislativas durante los últimos 14 años, por lo que considera desacertados los pronunciamientos de Abinader, cuando califica como “politiqueras e hipócritas” las críticas de la oposición a la pieza legislativa.
Leonel Fernández explicó que el proyecto de ley del gobierno del 2021 perimió en la legislatura y, en el 2022 se recibió el proyecto del senador perremeísta por la provincia Peravia, Milcíades Franjul. En septiembre del año siguiente, 2023, la Cámara de Diputados envió a Comisión el proyecto sometido por dos legisladores del mismo partido.
El candidato presidencial opositor explicó, además, que “los tres proyectos propiciados por el gobierno fueron fusionados, discutidos en las comisiones de ambas cámaras y aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados, dando lugar a la promulgación, por parte del Poder Ejecutivo, de la Ley 1-24, actualmente objeto de rechazo unánime en la opinión pública nacional”.
Fernández asegura que la Ley 1-24, es inconstitucional, pues otorga al DNI funciones que la Constitución concede a otros órganos del Estado.
De acuerdo con Fernández, uno de los temas que más ira ha generado en la sociedad es lo relativo a la necesidad de obtener la orden de un juez como condición para la entrega de informaciones a la DNI, punto que se había recalcado e incluido desde la primera versión del proyecto en el 2010, pero que para el PRM parece ser innecesaria.
En la sesión del 29 de diciembre del 2023, un diputado del PRM sometió una modificación al artículo 11, la cual fue depositada por Secretaría, como establece el reglamento del hemiciclo.
“Al someterse la modificación al referido artículo en plena sesión y en medio de los debates, los legisladores no tuvieron la oportunidad de constatar que los cambios que se introducían eliminarían la orden judicial como obligatoria para la entrega de información”, dijo Fernández.
“Se había establecido que con la modificación se otorgaban mayores garantías a los ciudadanos en la preservación de sus derechos fundamentales. Los debates estaban cerrados. No se permitía deliberar o presentar posiciones contrarias al respecto, que ilustraran sobre lo que se estaba proponiendo como modificación”, agrega en su escrito de hoy el exmandatario.
“En una fecha de cierre de año, 29 de diciembre, al final de una larga sesión, el PRM y el gobierno aprovecharon las circunstancias para hacer que se aprobara una ley que viola, entre otros, el derecho a la intimidad y al honor personal, a la libertad de expresión e información y a la protección de datos personales”, dice.
Leonel Fernández culmina su escrito, estableciendo que “la artimaña produjo sus frutos. Generó confusión y de ahí la votación que ha dado lugar a las críticas actuales. Nada de hipocresía ni politiquería de los legisladores de oposición. Solo engaño y truculencia para despojar a un pueblo de sus libertades. En fin, un grave retroceso de la democracia dominicana”.
