San Salvador, (EFE).- El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) entregó juguetes a más de un centenar de hijos de personas detenidas bajo un régimen de excepción en El Salvador y de quienes han denunciado que fueron arrestadas arbitrariamente.
“No queríamos cerrar este año sin hacer nada para los niños, que son los que más han sufrido. Dos años algunos de no estar con sus papás, la mesa ha estado vacía, porque no ha estado el papá, la mamá o incluso los dos”, dijo a EFE Samuel Ramírez, fundador del Movir.
Los niños asistieron a una fiesta infantil organizada por Movir en San Salvador para presenciar una presentación circense, jugar, compartir sorbete y comida, además de recibir los juguetes.
Ramírez, quien indicó que la organización reunió unos 470 regalos para los niños de diversas partes del país, sostuvo que la actividad fue realizada por colaboración de salvadoreños en el extranjero.
Agregó que por los problemas económicos que enfrentan las familias al menos unas 50 no pudieron trasladarse desde fuera de la capital, por lo que llevarán los donativos a sus lugares de origen.
El Salvador se encuentra bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
Dicha medida, a la que el Gobierno atribuye principalmente la disminución de las cifras de homicidios, se ha extendido en 21 ocasiones en el Congreso, de amplía mayoría oficialista.
A juicio de Ramírez, con el régimen de excepción el Gobierno de Nayib Bukele “cubre esos vacíos” de obras y “lo vende muy bien”, además cuestionó la veracidad de las cifras oficiales de hechos violentos.
“Estamos preocupados, porque parece que la lucha en el próximo año (2024) tiene que arreciar de parte de las víctimas, porque la respuesta ha sido mínima, han liberado gente pero no en la proporción que debería de ser”, agregó.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la tasa de homicidios se situó al menos hasta septiembre entre 2,3 y 2,4 por cada 100.000 habitantes, frente a tasas como la de 2015, que superaban las 100 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Tras registrar 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, El Salvador comenzó a experimentar la disminución de las tasas de asesinatos y esta caída se pronunció tras la llegada de Bukele al Gobierno en 2019.
Sin embargo, investigaciones del medio local El Faro sostienen que el Ejecutivo de Bukele supuestamente negoció con las pandillas y que la escalada de asesinatos de marzo de 2022 se dio tras una ruptura del pacto.
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El Gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista de “actores corruptos y antidemocráticos” a Osiris Luna, director general de Centros Penales de El Salvador, y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno, por supuestamente dirigir, facilitar y coordinar reuniones con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13).
Las autoridades reportan más de 74.000 detenciones bajo el régimen de excepción y las organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 6.000 “víctimas directas” de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias, más de 200 muertes de detenidos.
