La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), y la Junta Central Electoral (JCE), dejaron instalado un plan piloto de captura de datos biométricos como parte de los trabajos de implementación del voto penitenciario para las elecciones presidenciales del 2024.
El plan se inició en el centro de privación de libertad ubicado en la Fortaleza Juana Núñez, de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.
Para su inicio, una delegación de funcionarios de la PGR y la DGSPC,
designada por la procuradora general, Miriam Germán Brito, realizaron las coordinaciones de lugar para establecer los equipos tecnológicos que requiere este proceso.
Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE, manifestó que el estado social y democrático de derecho necesita que las instituciones públicas hagan convenios como este donde se establece un compromiso de devolverle lo que es un derecho fundamental a los privados de libertad.
“En el 2016 tuvimos las elecciones para los presos preventivos, pero quisimos ahora dar un paso hacia delante, algo que garantizará lo que hoy es un plan operativo, que es lo que necesita la DGSPC y la Procuraduría para tener un control y pretendemos que este modelo sea replicado en los demás centros penitenciarios”, dijo.
De su lado, Roberto Hernández, director de la DGSPC, dijo que este plan piloto representa un anhelo y un derecho que merecen los privados de libertad, que es el derecho al voto y que el mismo se va a aunar con el derecho a la identidad porque también será abarcado en esta fase.
“Nosotros hemos tenido este anhelo por años en nuestros centros, yo pienso que este convenio va a partir del compromiso del voto penitenciario a darle otros componentes de control de data al sistema penitenciario”, expresó.
La delegación de la JCE encargada de este proyecto explicó que el propósito de la instalación de este piloto en el CCR de Salcedo, será identificar a la población de internos en los recintos penitenciarios y determinar cuáles son los internos preventivos que poseen cédula de identidad y electoral para que puedan ejercer el derecho al voto.
En el acuerdo se establece que solo se realizará el proceso de expedición de cédulas de identidad y electoral, por lo que los centros penitenciarios deberán garantizar la fluidez de los privados de libertad hacia el área de captura de información.
Con la iniciativa se cumple con lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que establece el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Para llevar a cabo este procedimiento, se identificarán biométricamente a todos los internos del centro penitenciario y a los que tengan cédulas se les imprimirá el registro de la identificación biométrica, y al final de cada semana serán enviados los maestros de cedulados desde el centro de cedulación del municipio, previamente autorizados por la DNC, a los fines de que sean anexados a la ficha del centro.
A su vez explicaron que los internos que no hayan sido identificados biométricamente serán capturados mediante el perfil biométrico con la finalidad de anexarle la constancia de solicitud a la ficha del interno.
En este sentido, Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, dijo que este proceso traerá algunos valores agregados porque todos los internos van a quedar registrados biométricamente dentro del sistema de la JCE.
“En el recinto penitenciario se quedaría el recibo que sirva como sustento a la ficha que posee el interno y el que no cuente con un documento de identificación, se le hará un registro en el sistema con la información de su ficha, por lo que quedará un registro con su biometría y sus datos personales, lo que significaría una ventaja de la que el sistema penitenciario le podría sacar provecho”, expresó.
