El 91% de los lectores de N Digital consideraron que la Suprema Corte de Justicia ha sido complaciente con los políticos que han sido acusados por corrupción. En tanto que, el 9% restante se mostraron en desacuerdo con la afirmación.
Estas declaraciones fueron ofrecidas a través de una encuesta realizada en este medio de comunicación a raíz de que hoy día, diversos implicados gozan de variaciones en medidas de coerción que concluyen en impedimentos de salida del país, presentaciones periódicas y garantías económicas.
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Antipulpo
Del caso Antipulpo, la primera de las operaciones trabajadas por la Pepca, al exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa Rosa, y a Carmen Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta del Fonper y hermana del expresidente, Danilo Medina, la Segunda Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional les varió la medida de coerción a inicios del corriente mes, consistente en prisión domiciliaria.
El tribunal de segunda instancia ordenó el pasado jueves 2 de noviembre, el cese de la prisión domiciliaria a los exfuncionarios.
Caso Coral
En otro orden, los imputados de la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G, fueron enviados el pasado mes de julio a juicio de fondo por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La decisión de la jueza Yanibet Rivas fue tomada en contra de Adán Cáceres, Raúl Girón, Juan Carlos Torres Robiou y Miguel Ventura Pichardo por Caso Coral.
En diciembre de 2022, al acusado que encabeza la red desmantelada por la operación Coral, el general Adan Cáceres Silvestre, le concedieron una variación de medida de coerción por prisión domiciliaria, grillete electrónico, impedimento de salida y una garantía económica de 100 millones de pesos.
Operación Medusa
En enero de este año, el Tercer Juzgado de la Instrucción del D.N. varió de prisión preventiva a domiciliaria la coerción contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, recluido en una cárcel desde junio del 2021 por su presunta implicación en una red de corrupción durante su gestión en el Ministerio Público.
Además, al exjefe del Ministerio Público se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos.
Entre otros imputados que han sido favorecidos con variación de medidas tras su acusación.
