El dirigente perredeista Guido Gómez Mazara solicitó este lunes formalmente por ante la Procuraduria General de la República (PGR) vía la Magistrada Laura Guerrero Pelletier, encargada de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que se investigue las operaciones, actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora Odebrecht a favor del economista Andrés Dauhajre.
Dijo que bajo la condición de asesorar de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE) jugó un papel sospechso en el proceso de licitación de la planta Punta Catalina.
Expresó que han sido los mismos delatores de todo el proceso de ODEBRECHT los que establecieron que |os mecanismos de pago que se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos, claramente definidos por la empresa con la meta de conseguir contratos, como en el caso de Punta Catalina.
Se informa además que la cantidad de recursos públicos destinados para su construcción porque no existe la posibilidad de conseguir mandamientos internacional para la obra, lo que suena contraproducente con los “resultados”, la operación de un contratado que no logra el objetivo pero es remunerado con sumas millonarias.
Gómez Mazara advirtió que los rastros que mantenía para la actuación responsable del PEPCA investigando al economista Andrés Dauhajre se retratan en la adquisición de un inmueble ubicado en la calle 135 West 52 calle de la ciudad de New York, adquirido por la compañía Baker Street Financial.
La operación inmobiliaria documentada, el cual su origen está en los fondos pagados por ODEBRECHT, de ahí que dichas maniobras caben perfectamente en el ámbito del Código Penal, el cual trata en el artículo 177 hasta 183 y la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, sin olvidar que el órgano coordinado por la Magistrada Laura Guerrero faculta en su artículo 4 decreto 324-07 su responsabilidad de accionar cuando se actúa contra el interés del Estado y Patrimonio Público.
Recordó que el artículo 262 y las siguientes del Código Penal habilitan a toda persona que conozca de un hecho ilegal puede ponerlo en conocimiento de las autoridades y que la ley 821 en su articulo 57 establece que es el Ministerio Publico el que está llamado a perseguir las infracciones por lo que exhortó a las autoridades actuar con la firmeza e integridad que demanda la sociedad.
Dijo que este caso es una prueba para el PEPCA demostrar que las conexiones con el poder politico y económico no exoneran a ningún ciudadano de la persecución penal.
