Este lunes continuará el conocimiento de medida de coerción en contra los 12 implicados en la operación Gavilán, por su presunta participación en una red que habría eliminado más de ocho mil antecedentes penales.
El fiscal Andrés Mena, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la fortaleza del expediente y de cientos de pruebas que ha aportado el Ministerio Público en el proceso que se le sigue a los imputados de la Operación Gavilán.
Resaltó que la medida de coerción presentada contra los imputados de eliminar antecedentes penales de procesados a cambio de sobornos, consta de unas 339 páginas, robustecidas con cientos de elementos de pruebas, al tiempo de indicar que el Ministerio Público está pidiendo la complejidad en la medida de coerción y la imposición de la prisión preventiva para todos los imputados.
“Para garantizar ese derecho de defensa, concedido entonces, el aplazamiento para el lunes 7, a las nueve de la mañana, para continuar el conocimiento de esta medida”, agregó.
“En el día de hoy el Ministerio Público vino preparado y listo para conocer de la audiencia de medida de coerción a los imputados en la Operación Gavilán; sin embargo, los abogados han pedido un aplazamiento para conocer el expediente, ya que reconocen que se trata de un expediente voluminoso y que consta de muchas pruebas, las cuales el Ministerio Público ha recolectado de manera lícita”, dijo a periodistas que lo abordaron cuando salía del tribunal junto a la fiscal Sourelly Jáquez.
El juez Rigoberto Sena, quien conocería el expediente en el que el Ministerio Público imputa a fiscales, empleados administrativos y policías que operaron una estructura nacional que durante años estuvo dedicada a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos, acogió el pedimento de la barra de la defensa, a fin de que los abogados conozcan el expediente.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
