La Cámara de Cuentas llegó al tope de una crisis de gobernabilidad y de confianza ante la población con el reciente pedido de una comisión especial de la Cámara de Diputados, para que los 5 miembros de su pleno sean sometidos a un juicio político en el Poder Legislativo por supuestamente cometer faltas graves.
Esto sucede mientras legisladores del oficialismo y de la oposición se acusan mutuamente de provocar la hecatombe en el organismo auditor, quien a todas luces está entrampado ante la falta de liderazgo de su presidente, Janel Andrés Ramírez, a quien los diputados le imputaron 11 faltas graves en sus funciones.
En un reportaje de N Investiga se mostró un video en el que se observan las claras diferencias entre los miembros de la Cámara de Cuentas, con discusiones fuera de tono ante la poca capacidad de liderazgo de Ramírez.
Aunque todos los miembros han desempeñado funciones técnicas en gobiernos anteriores, con excepción de Mario Fernández, proveniente de la sociedad civil, se han establecido vínculos con ciertos grupos políticos, empezando por el presidente del organismo, Janel Ramírez, quienes muchos señalaron tenía como padrino al exministro de Educación, Roberto Fulcar.
También está el caso del hermano de Elsa Catano, Gregorio Catano, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo e incluso actualmente es precandidato a diputado de esa organización, además de Tomasina Tolentino, quien fue directora de Planificación y Desarrollo en el Ministerio de Hacienda durante la administración de Donald Guerrero pero se ha inhibido en los procesos que lo vinculan.
El presidente de la Comisión Especial de los diputados, Rogelio Alfonso Genao, dijo a las cámaras de N Investiga que lo que pasa en la Cámara de Cuentas es una situación difícil, ya que al parecer todos los miembros tienen una asociación de malhechores ahí dentro.
Luego de 45 días de investigación con jornadas de hasta 9 horas, la revisión de videos y de más de 13 mil páginas de actas, se abocaron a solicitar un juicio político, que consiste en un proceso judicial que se lleva a cabo en las cámaras legislativas para determinar la existencia o no de responsabilidad de funcionarios elegidos por voto popular o por el Senado, como es el caso de los miembros de la Cámara de Cuentas.
En esta ocasión, se determinaron faltas graves en los cinco integrantes tales como ejecución presupuestaria deficiente, asignación ilegal de fondos públicos, participación en pleno ilegal, disputas del nombramiento del personal, usurpación de atribuciones, incumplimiento de funciones, vicios de incompetencia, inoperatividad del pleno por intereses personales, determinar archivos de auditorías de manera irregular y falsificación en escritura pública.
