Defensores de la comunidad haitiana en la República Dominicana criticaron la política migratoria del Gobierno dominicano que, a su juicio, “está basada en el odio racial”.
La política migratoria del presidente dominicano, Luis Abinader, “viola sistemáticamente la Constitución y las leyes dominicanas” de acuerdo con un comunicado firmado por el Colectivo HaitianosRD, MST, Movimiento Caamañista, Movimiento Reconocido, La Ceiba, Fundación Código Humano y Mosctha en defensa de los haitianos y los descendientes de haitianos en República Dominicana.
Entre las violaciones citaron las detenciones masivas de personas, una situación que, aseguran, llega a extenderse a dominicanos de ascendencia haitiana y a dominicanos negros “debido al uso sistemático del perfilamiento racial”.
Asimismo, se refirieron a la detención y deportación de embarazadas, niños y envejecientes, y a los allanamientos de viviendas de extranjeros sin orden judicial.
Otros delitos “cometidos con frecuencia por las autoridades migratorias son la extorsión contra familiares de personas detenidas para lograr su liberación, así como la destrucción de documentos y el robo de dinero, teléfonos celulares, motores y otros bienes de las personas inmigrantes haitianas”, afirmaron en la nota.
La situación persiste a pesar de que fue notificada oficialmente a la Procuraduría General de la República en diciembre de 2022, se quejaron las organizaciones.
Estos grupos reaccionaron así a un documento emitido por el Gobierno dominicano a finales de junio, en el que se afirmó que el “masivo” flujo de ciudadanos haitianos al país es “insostenible”.
Ello se produjo después de que el experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, William O’Neill, pidiera detener las repatriaciones debido a la grave crisis que atraviesa el vecino país.
República Dominicana deportó el pasado año a 120.900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano, una cifra que aumentará considerablemente este año si se tienen en cuenta las devoluciones mensuales en 2023, que solo en junio superaron las 23.000.
El Gobierno dominicano ha destacado en varias ocasiones la carga económica que representa para el país la comunidad haitiana indocumentada y, recientemente, puso como ejemplo que los partos de haitianas en los hospitales pasaron del 12,5 % en 2018 al 33,1 % en 2022.
Sin embargo, para los defensores de estos inmigrantes esta comunidad “en su enorme mayoría vive de su propio trabajo y sufre frecuentemente de la superexplotación laboral y la negación de sus derechos”, como el derecho a la pensión de los empleados retirados de la industria azucarera y el de trabajadores agrícolas y de la construcción a contratos y seguros médicos.
Tras todo lo expuesto, solicitaron que se aplique un plan de regularización como el dirigido a la comunidad venezolana, “pero para todas las personas inmigrantes sin discriminación racial”.
