Al menos cinco diputados, cuatro del Partido Revolucionario Moderno y uno del Revolucionario Dominicano, están vinculados por el Ministerio Público en sonados casos de narcotráfico, lavado de activo y corrupción, pero todo parece indicar que buscarán repostularse en las próximas elecciones, sin mayores inconvenientes.
Sus organizaciones no se han pronunciado sobre las situaciones que acarrean en la justicia, mientras ellos continúan en sus labores legislativas y en el trabajo político-electoral en sus demarcaciones.
Estas actividades les permiten mantenerse vigentes con electores y tratar de continuar por el período 2024-2028.
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Los legisladores del PRM con asuntos pendientes en la justicia son: Rosa María Pilarte (La Vega), Sergio Moya (Distrito Nacional), Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo), Nelson Marmolejos Gil (Santiago) y Héctor Darío Feliz Feliz (PRD-Pedernales).
A excepción de Gory Moya, para los otros cuatro diputados, la Suprema Corte de Justicia designó al juez de instrucción especial, Nelson Estévez Lavandier, para llevar los procesos en su contra.
ROSA AMALIA PILARTE. Hace un poco más de dos años que el Ministerio Público instrumentó un expediente y solicitó a la SCJ la investigación sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada del PRM por La Vega, identificada como integrante activa de la red de narcotráfico y lavado de activos que encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López).
Se le acusa de mover en el sistema financiero nacional más de dos mil 500 millones de pesos fruto de actividades ilícitas. Está acusada por violaciones a la Ley 155-17, Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en RD, en el Artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2. También los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la Ley 72-02, Sobre Lavado de Activos, modificada por la 155-17.
La acusación en su contra no le ha impedido estar muy activa en la campaña de afiliación de militantes al PRM y fue muy generosa en la entrega de regalos en actividades por el Día de las Madres, en la Vega.
LOS TRES DE LA OPERACIÓN FALCÓN. Tres legisladores son vinculados a la red de narcotráfico lavado de activos que tenía su cetro de mando en Santiago, con ramificaciones en La Altagracia, El Seibo y otras localidades.
Se le atribuye un alijo de mil 786 kilogramos de cocaína ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre de 2016, uno de500 kilogramos de cocaína introducido a esa misma isla en diciembre de 2018, y otro de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma, en noviembre de 2018.
Los tres diputados mencionados en este caso son: Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo), Nelson Marmolejos Gil (Santiago) y Héctor Darío Feliz Feliz (PRD-Pedernales). Todos bajo la lupa del juez de la SCJ, Estévez Lavandier.
NELSON MARMOLEJOS GIL. Bajo el lema de “El diputado del pueblo”, promueve sus aspiración a reelegirse por el período 2024-2024.
Madrugó colocando vallas promoviendo abiertamente sus aspiraciones a seguir para el período 2024-2028
FAUSTINA GUERRERO CABRERA. También conocida como Grey Maldonado, está vinculada por el MP al entramado Falcón.
Su activa labor social patrocinado actividades sociales en su pueblo, El Seibo, hace suponer que buscará otra vez el favor de los electores. En mayo hizo un donativo de una pasola a la reina de las fiestas patronales de El Seibo.
También celebró popularmente el cumpleaños de su esposo, el exdirector de Comunidad Digna Juan Maldonado Castro, también vinculado a Falcón.
HÉCTOR DARÍO FELIZ FELIZ. Mejor conocido como Pirrín, en su natal Oviedo, provincia Pedernales, el legislador perredeista está muy activo es sus actividades políticas de contacto en su provincia.
No tiene colocación de vallas publicitarias, pues no es su estilo, es un político pragmático que prefiere resolverle a la gente con entrega de electrodomésticos y donaciones.
SERGIO MOYA. Mejor conocido como Gory, agota su segundo período como diputado por la Circunscripción 3 del Distrito Nacional. El pasado nueve de abril, el Ministerio Público inició una investigación en su contra al vincularlo a la red de corrupción denominada Operación Calamar.
Se trata de un entramado de expropiación de terrenos del Estado, extorsión en casinos y bancas de apuestas dirigido por los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y otras 17 personas.
El diputado del PRM se le menciona como presunto beneficiario en el esquema de extorsión a bancas de lotería.
