El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la “muerte cruzada” en el país suramericano y disolvió a la Asamblea Nacional.
“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, expresó el mandatario ecuatoriano en una cadena nacional de radio y televisión, emitida desde las 07:00 de la mañana [hora local].
En su discurso agregó que “no es posible avanzar” con “una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
“Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, continuó. Esto, porque con el decreto del mandatario, habrá un adelanto de comicios tanto legislativos como presidenciales, de ahí el término de muerte cruzada.
Al respecto, el presidente indicó que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) “la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos”. La institución tiene un plazo de siete días para hacer el anuncio.
Mientras se llevan a cabo las elecciones y se posesionen las nuevas autoridades, de acuerdo con el mismo artículo 148 de la Constitución, el mandatario gobernaría por decretos durante seis meses.
Sobre esa facultad, el mandatario no perdió tiempo y, una vez emitido el Decreto Ejecutivo 741 sobre la muerte cruzada, también dio a conocer el 742, sobre la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar”, que será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen.
Se trata de una iniciativa que el Ejecutivo había enviado la semana pasada al Parlamento, con reformas en materia tributaria.
“Esta es la mejor decisión posible (la muerte cruzada), que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas”, agregó el mandatario en su discurso.
De esta manera, Lasso se convierte en el primer presidente del país suramericano en decretar la muerte cruzada.
El juicio político
El mandatario emitió el decreto mientras en la Asamblea Nacional se lleva a cabo el proceso de juicio político en su contra, acusado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos).
En la cadena nacional, el mandatario dijo que ese juicio político, que calificó de “infundado”, no se trata “de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción”, sino que sus acusadores buscan “tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado”.
“Quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción”, dijo Lasso, al tiempo que indicó que sus interpelantes “han sido incapaces de encontrar prueba alguna” en su contra.
El juicio político está relacionado con un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.
Aunque el caso se remonta a 2018, cuando aún gobernaba Lenín Moreno, al mandatario se le señala de haber firmado un nuevo contrato con la firma internacional el año pasado, a pesar de que la Contraloría General del Estado emitió un informe en 2021 señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar “la conveniencia y pertinencia de continuar” con la asociación.
Las pérdidas al erario público se estiman en 6 millones de dólares, según indicó el asambleísta Esteban Torres, uno de los interpelantes, en la sesión del pleno del Parlamento el martes donde arrancó el juico político.
En esa misma sesión, la legisladora Viviana Veloz, otra de las interpelantes, mostró un video del vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, quien dijo que en el Gobierno de Lasso sí se firmaron contratos entre con Amazonas Tanker Pool.
Pese a esas denuncias, Lasso dijo ante el Parlamento el martes, donde acudió a defenderse, que “no hay contratos ni adendas firmados” en su Gobierno.
En su alocución este miércoles añadió que el juicio político es “un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo”; y que los legisladores han hecho “lo que sea” para “alcanzar su objetivo” de destituirlo.
