Será este miércoles cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca medida de coerción contra los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y otros 17 encartados en la denominada Operación Calamar, acusados de estafar al Estado con más de 19 mil millones de pesaos.
Los vinculados están apresados desde el sábado 18 de marzo y se enfrentan hoy al pedido de 18 meses de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
Esta sería el tercer intento de la jueza Kenya Romero por conocer de la coerción, tras dos convocatorias fallidas anteriores.
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el imputado Donald Guerrero, en el ejercicio de la función pública como ministro de Hacienda, máxima autoridad de las instituciones no financieras, descentralizadas y/o autónomas del Estado dominicano, y aprovechándose de sus facultades discrecionales, se coalicionó con funcionarios públicos de mando alto, como los imputados José Ramón Peralta Fernández, ex ministro Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
Además con funcionarios de nivel medio, entre ellos: el fenecido Emilio C. Rivas R., ex director general de Bienes Nacionales; Luis Miguel Piccirillo M, ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, ex director de la Dirección General de Catastro Nacional; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex Contralor General de la República; Andrés Guerrero, ex Contralor del Banco de Reservas; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, ex asesor del Ministerio de Hacienda; Princesa Alexandra García Medina, ex directora de la Dirección del Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda; Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, ambos ex directores de la Dirección de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda; y Víctor Matías Encarnación Montero, ex director técnico de la OISOE.
“Creada con el fin de cometer actos de corrupción para desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de los fondos públicos bajo su administración, mediante la realización de múltiples maniobras fraudulentas desde el Ministerio de Hacienda”, indicó la Pepca.
