El abogado Ángel Gilberto Lockward, uno de los señalados por el Ministerio Público como parte de la red Calamar, tuvo una importante participación en el entramado corrupto que estafó al estado con más de 33 mil millones de pesos.
La instancia en la que las autoridades solicitan medida de coerción contra más de 20 encartados, describe a Lockward como un abogado con conocimientos del proceso administrativo y en materia de expropiación de terrenos, información de la que se valió para realizar maniobras fraudulentas para violentar los procedimientos legales para la obtención de recursos económicos del Estado dominicano.
El abogado se encargaba del trámite de los documentos de los casos que eran captados por el señor Antonio Lujan Mercedes Rijo y por el imputado Alejandro Constanzo Sosa, quienes luego de captar los casos ponían a los beneficiarios de estos en contacto con él. De igual forma se encargaba de las negociaciones con los demás miembros de la estructura, entre ellos Emilio Rivas, Belkis Tejada, Claudio Silver Peña, Fernando Crisóstomo y Álvaro Crisóstomo, primero para fijar un precio a los propietarios de los terrenos, y luego para aumentar este precio al Estado con el fin de distribuir el excedente entre los miembros de la estructura, en perjuicio del Estado dominicano.
Entre los casos en los que participó el expediente muestra la negociación de la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., proceso en el que la estructura obtuvo del Estado RD$ 553, 160,000.00.
Utilizando como testaferro a uno de los empleados de su oficina, el abogado recibió una cesión de crédito por un monto RD$ 55,316,000.00.
Otro proceso en el que participó el imputado fue el pago de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, donde el Estado dominicano pagó la suma RD$ 515,346,300.00. Ahí se alzó con más de 66 millones de pesos.
“Obtuvo, tanto a título personal como a través de la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., y de abogados asociados a su firma, entre supuestos honorarios y cesiones de créditos fraudulentas por concepto de préstamos ficticios, la suma de RD$ 66,521,194.00”, indica la documentación elaborada por el órgano acusador.
El imputado Ángel Gilberto Lockward Mella también recibió beneficios de los libramientos números 51-1 y 52-1, correspondientes al proceso de pago de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), tanto de manera personal, como a través de sus testaferros y del abogado Joar Emil Ortiz Hernández, siendo este último quien recibía los pagos para Belkiz Antonia Tejada Ramírez.
“En este caso quedó de manifiesto la prefabricación de los documentos empleados por la organización criminal, para conseguir la erogación de fondos, liderada dicha organización, en el ámbito jurídico por el imputado Ángel Gilberto Lockward Mella, y en el ámbito gubernamental por el ex ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, al consignarse en el acuerdo transaccional fondos a favor de terceros sustentados en deudas inexistentes, contraídas por los supuestos sucesores”, dice el escrito.
En el proceso denominado sucesores de Bernardino Mercedes vuelve a aparecer el imputado Ángel Gilberto Lockward Mella, en este caso el Estado dominicano pagó la suma de RD$ 85,891,050.00, de los cuales el imputado recibió mediante el libramiento 1231, del año 2020, la suma de RD$ 1,435,642.00, a través de Ángel Lockward y Asociados, S.R.L., y RD$ 8,871,284.00), a través de su hijo y testaferro, el investigado Ángel George Lockward Cruz.
Falsificación de firma
El Ministerio Público establece que el abogado sería beneficiado con más de 60 millones de pesos por medio a una cesión de crédito emitida por una persona que había fallecido 7 años antes del documento.
“Entre los fraudes de las cesiones de créditos es posible señalar que la señora Delia Escoto realizó una cesión de crédito en el año 2019, donde el imputado Ángel Gilberto Lockward Mella y la razón social Ángel Lockward y Asociados, S.R.L., resultaron beneficiados RD$ 61, 841,556.00.
Sin embargo, la señora Delia Escoto falleció en el año 2012, por lo que es indudable que era imposible que firmara la referida cesión de crédito, con lo que se evidencia una falsificación de firma y uso de documento falso”, puntualiza.
