El abogado ángel Lockuard llega a la Procuraduría General de la República para prestar declaraciones, luego de que su residencia fuera allanada el pasado sábado.
Expresó que desconoce las razones del allanamiento, ya que ha ofrecido y manifestado sus deseos de aclarar todas las autoridades requieran y así lo había expresado a la procuradora general de la República, Miriam Germán, a Yenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho.
A su llegada a la Procuraduría conversó con los periodistas y dijo, “yo no le di dinero ‘al penco’ (Gonzalo Castillo), para que vayamos estando claros. Ustedes saben que yo me opuse al PLD durante ocho años y apoyé al presidente Abinader; de manera, que si a alguien le di de mi dinero, limpio, fue a Abinader”.
Negó haber lavado dinero o ser culpable de falsificación. En ese sentido, consideró que no era necesario tal allanamiento para buscarlo de noche, ya que siempre ha estado dispuesto a colaborar.
Lockward sostuvo que “es un proceso que nace mal, porque nace de un documento que no es correcto y lo correcto habría sido corregirlo todo, por lo que el calvario único que busca es humillar a las personas sin necesidad”.
Un total de 209 personas físicas y jurídicas (empresas), incluyendo al abogado Ángel Lockward, su hijo Ángel George y su firma de abogado Ángel Lockward & Asociados, S.R.L, son investigadas por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por su presunta vinculación en un alegado fraude por desfalco contra el Estado bajo las instrucciones del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que las acciones del investigado Ángel Lockward no intimidarán ni detendrán al Ministerio Público en su labor constitucional de investigar a toda persona que haya violado la ley.
El procurador adjunto indicó que en dos de las acciones que se conocieron solicitaron el sobreseimiento y el tribunal se reservó el fallo y que en la tercera, “que es sobre la nulidad del informe rendido por la Unidad Antifraude, la propia Contraloría solicitó el sobreseimiento y el tribunal también lo dejó en estado de fallo para darlo a conocer en otra oportunidad”.
Con relación a ese informe atacado por Lockward, dijo que la acción está siendo ejecutada en sede administrativa, siendo esta una evidencia penal.
