Hace varios años que el Ministerio Público investiga a los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por denuncias en su contra por alegadas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Durante el 2021 y 2022, el Ministerio Público responsabilizaba al exministro de Hacienda en actos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
El exfuncionario del Gobierno de Medina es parte de una investigación que involucra también al exadministrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo, y que dirige personalmente la procuradora general, Miriam Germán Brito, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).
Guerrero fue interrogado en diversas ocasiones en torno a su declaración jurada de bienes que supera los 750 millones de pesos, que el Ministerio Público asegura que es irregular.
La acción del Ministerio Público parte de una denuncia del titular de director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, “pero las indagatorias se extienden a otros hechos”, de acuerdo con la información de la PGR.
A Donald Guerrero se le investiga por supuestamente ser parte de una red mafiosa que estafó al Estado con unos 19,000 millones de pesos, mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos.
En esa presunta red, que habría accionado durante su gestión como ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina, también estarían involucrados varios exfuncionarios y empresarios, conforme se desprende de una autorización de información financiera que emitió, el 23 de agosto de 2022, la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Pepca.
La autorización detalla que por el caso son investigados, además de Donald Guerrero, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
En el documento, bajo la firma del titular de la Pepca, Wilson Camacho, se indica que “bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
GONZALO CASTILLO. En septiembre del 2020, la Procuraduría General de la República fue apoderada de un expediente sobre presuntas irregularidades cometidas en el exaspirante presidencial del PLD, cuando se desempeñó como ministro de Obras Públicas.
Para esa fecha, el director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, depositaron ante el órgano persecutor del Estado los documentos de una investigación relacionada con la compra irregular de RD$11,500 millones en hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gonzalo.
“Dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con el licenciado Gonzalo Castillo, por lo que se pone esta información a la disposición del Ministerio Público para que realice las diligencias de lugar. De igual manera, por las irregularidades en la contratación de once mil quinientos millones de pesos, sería importante que este caso sea profundizado por el Ministerio Público”, reveló Carlos Pimentel al visitar la PGR.
Pimentel argumentó, también, que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado.
