El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que al menos 3.000 personas detenidas durante el régimen de excepción han sido liberadas tras ser declaradas inocentes.
“La Policía trata de arrestar únicamente culpables, pero cuando hay errores humanos, hay un sistema Judicial que debe garantizarles las Justicia. Y es por eso que han habido, no de ahora en adelante, de aquí para atrás, han habido más de 3.000 liberaciones de inocentes”, informó el mandatario el martes, durante un evento público.
En el marco de la “guerra contra las pandillas”, el Gobierno introdujo un régimen de excepción en marzo de 2022, que le ha dado facultades extraordinarias a la Policía y el Ejército en todo el territorio nacional para detener a los presuntos responsables de generar violencia en el país.
Desde entonces, las autoridades han detenido a cerca de 60.000 presuntos criminales, según detalló Bukele, quien aseguró que aún faltan más pandilleros por arrestar. “Por eso seguimos trabajando”, reiteró el mandatario.
El anuncio del mandatario ocurre días después de que los legisladores acordaran extender por décima vez el régimen de excepción, alargándolo hasta febrero.
La medida ha sido cuestionada por distintos grupos y asociaciones, como Human Right Watch, que recientemente presentó su reporte anual sobre el país. La organización asevera que el régimen de excepción ha contribuido a que las autoridades cometan violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y abusos en el debido proceso de las personas detenidas.
“Dígame una Policía en el mundo, una, que no arreste a un inocente, que solo arreste culpables. No existe”, justificó el mandatario ante las críticas, tras insistir en los números verdes que muestra el Gobierno con la baja de la incidencia delictiva desde que se introdujera el régimen de excepción.
De acuerdo con cifras presentadas por el Ejecutivo, la tasa de homicidios en El Salvador durante 2022 fue de 7 por cada 100.000 habitantes y se prevé que en 2023, la cifra sea menor a 2. “Ojalá un día lleguemos a cero”, señaló.
Con el propósito de fortalecer la lucha contra la delincuencia, en noviembre pasado el Gobierno anunció la implementación de la quinta fase del ‘Plan Control Territorial’, una medida introducida en junio de 2019 y que ha sido la responsable de las políticas adoptadas en materia de seguridad.
La nueva fase “extracción” da luz verde para que el Ejército cerque las comunidades con mayor incidencia delictiva y “sustraiga” de ellas a los criminales que allí operan, lo que ha generado alertas entre las organizaciones de derechos humanos por la posibilidad de que la fuerza pública se extralimite en esas labores.
