El presidente del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández, interpuso una acción de amparo contra varias instituciones por negarle información pública sobre operaciones de deuda, gastos e inversión realizadas por los 27 fideicomisos constituidos por el Gobierno.
En el sometimiento presentado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) figuran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, el Banco y la Fiduciaria Banreservas.
Según Surun Hernández, esas entidades y sus incumbentes violaron la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública al rehusar la entrega de información financiera respecto a inversiones, préstamos, deudas y obras relativas a los fideicomisos públicos creados por el Ejecutivo.
El abogado señaló que realizó varias solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a las instituciones que están relacionadas así como a la Fiduciaria Banreservas, centradas en “la verificación de legalidad y transparencia en el manejo del patrimonio público, requiriendo, la cuales fueron negadas”, señaló.
Entre las informaciones requeridas figuran la emisión de la certificación donde conste la relación completa de los fideicomisos públicos o privados creados por el Gobierno Dominicano desde el 2018 hastaa la fecha, incluyendo aquellos fideicomisos donde el Estado Dominicano tiene participación.
También solicitaba la normativa jurídica, ley o decreto en virtud del cual fue creado, incluyendo el nombre de los encargados de manejarlos, así como los componentes o miembros del comité técnico con indicación de sus respectivas funciones, expuso en un comunicado de prensa.
Asimismo, requirió emitir certificación donde figure el monto erogado o desembolsado por cada uno de los fideicomisos constituidos por el Estado dominicano en virtud de decretos y leyes o donde el estado dominicano tenga participación, haciendo constar los montos erogados, desembolsados, pagados con cargo a cada uno de los fideicomisos, haciendo constar la fuente y el destino de dichos recursos.
Dijo, además, que fue solicitada una certificación donde se hagan constar las obras, inversiones, servicios y productos adquiridos, obras iniciadas, servicios recibidos con cargo a los citados fideicomisos.
Para Surun Hernández “es muy preocupante que entidades públicas se resisten revelar información pertinente a los fideicomisos públicos, los cuales envuelven patrimonio público, y que por vía de consecuencia atañe a los intereses de la nación.
“Podríamos estar en presencia de un endeudamiento paralelo y clandestino, fuera del registro y de la fiscalización ciudadana” apuntó el gremialista.
EFE
