El Congreso de Colombia aprobó este jueves el plan de impuestos del presidente Gustavo Petro, que endurece la carga sobre las personas de mayores ingresos y los sectores de las minas y el petroleo.
“Fue APROBADA la conciliación de la Reforma Tributaria en plenaria de la Cámara (de representantes) con 122 votos a favor (y 27 en contra). Quedó lista para sanción presidencial”, celebró en Twitter el ministro del Interior, Alfonso Prada.
La iniciativa permitirá recaudar unos 20 billones de pesos (USD 4.000 millones) en 2023, equivalentes a un 1,7% del PIB.
Los recursos serán destinados a los programas sociales que alienta el primer gobierno de izquierda de Colombia.
“Buscará romper la inercia de desequilibrio que pone a Colombia como uno de los 10 países más desiguales del planeta”, explicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Con la aprobación de esta reforma se elevarán los impuestos a las personas con ingresos mensuales por encima de los 10 salarios mínimos (unos USD 2.000).
También fijó una sobretasa al impuesto de renta que podría ascender hasta un 15% para el sector petrolero y al 10% para el del carbón, dependiendo de los precios internacionales.
La mitad del recaudo esperado vendrá de impuestos a empresas minero-energéticas.
El gremio alega que su tasa efectiva de tributación podría llegar hasta un 70%, comprometiendo la viabilidad de un sector que responde por el 57% de las exportaciones de Colombia.
El gobierno, por su parte, sostiene que la tasa actual es ligeramente inferior al 30% y ascenderá hasta un máximo de 63%.
La reforma tributaria también contempla un impuesto al carbono que grava la gasolina y otros combustibles con una tarifa que ronda entre los 3 y 4 centavos de dólar por galón. Estos ingresos serán destinados a programas ambientales.
Petro asumió el poder en agosto con un plan de reformas profundas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza que castiga al 39% de los 50 millones de colombianos y acortar la brecha entre ricos y pobres, la más amplia de la región según el índice de desigualdad de Gini.
También prometió dejar atrás el modelo extractivista para transitar hacia la producción agrícola y el turismo.
El mandatario recibió unas finanzas duramente golpeadas por la pandemia, con un déficit fiscal equivalente al 5,6% del PIB para este año y una deuda pública que ronda el 56,5%.
También enfrenta una inflación que en octubre llegó al 12,2% interanual, la más alta en más de dos décadas.
