“En República Dominicana está demostrado que, cuando se trata de casos de corrupción, hay que sobreprobar; por ende, hemos depositado en este tribunal pruebas más que suficientes como para que este proceso sea enviado a juicio y en juicio se produzca sentencia condenatoria con relación a los acusados”, enfatizó
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “En Operación Antipulpo, el Ministerio Público al día de hoy ha presentado ya todos sus hechos y para probar esos hechos hemos presentado al tribunal más de 2,000 pruebas”, destacó este lunes el procurador adjunto Wilson Camacho, sobre el proceso por corrupción administrativa que tiene como principal imputado a Juan Alexis Medina Sánchez.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) consideró que, por la fortaleza del expediente y los elementos probatorios aportados, el proceso por corrupción administrativa debe ir a juicio y que al final de este debe emitirse sentencia condenatoria contra los imputados.
“Esa cantidad de pruebas, esa enorme cantidad de pruebas, sobreprueba los hechos que hemos presentado, y ha sido así porque en República Dominicana está demostrado que, cuando se trata de casos de corrupción, hay que sobreprobar; por ende, hemos depositado en este tribunal pruebas más que suficientes como para que este proceso sea enviado a juicio y en juicio se produzca sentencia condenatoria con relación a los acusados”, consideró.
Camacho, quien produjo sus declaraciones en respuesta a preguntas de periodistas de varios medios de comunicación que lo abordaron luego de concluida la audiencia preliminar en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adelantó que el próximo viernes el Ministerio Público presentará sus conclusiones formales, en las que solicitará apertura a juicio.
“Esperamos que, conforme a la enorme cantidad de pruebas que hemos presentado, se dicte apertura a juicio”, insistió.
Al ser cuestionado sobre cuántos imputados han negociado con el Ministerio Público, dijo: “esa es una información que nosotros solamente podemos develar en el momento que cierre la audiencia preliminar; el Ministerio Público, incluso, por mandato del propio Código (Procesal Penal), no puede divulgar esa información mientras no se cierren los acuerdos”, expresó.
Sobre si tiene esperanza de que antes de que cierre la primera fase, haya otros implicados que también acepten negociar, respondió: “Nosotros somos un Ministerio Público que creemos en los acuerdos. Hemos demostrado que creemos en los acuerdos y todo el que esté en condición, conforme las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, en colaborar, y en este caso por el nivel en el que está el proceso, de asumir los hechos sobre los que se le ha acusado, el Ministerio Público tiene las puertas abiertas”, concluyó.
Además del procurador adjunto Camacho, el órgano de la persecución penal estuvo representado en la audiencia por la procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la continuación de la audiencia preliminar para el próximo viernes 18 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
Por los hechos de corrupción administrativa, además de Juan Alexis Medina Sánchez, en el caso es procesada la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez. También, fueron acusadas otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
Igualmente, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, además incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
