El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, advirtió que el llamado de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en la que insta a la los Estados de la región, suspender el “retorno forzado” de población haitiana, constituye un desconocimiento del marco jurídico de los países para controlar la población ilegal en su territorio.
Abel Martínez aprovechó la conmemoración del Día de la Constitución Dominicana para expresar que si bien es cierto se registra un estado de crisis humanitaria en Haití en los actuales momentos, no menos cierto es que República Dominicana por décadas ha experimentado una desbordada inmigración irregular de ciudadanos haitianos.
“La razones que llevan a la ACNUR a hacer este llamado de alerta, no se corresponden con la realidad histórica de migrantes irregulares que llegan a nuestro país, por lo que, el desborde de la violencia, los secuestros, saqueos, luchas grupales de bandas armadas y problemas de salud, son problemas que los dominicanos siempre hemos alertado sobre su existencia en Haití y la comunidad internacional siempre ha actuado de manera indiferente ante esta realidad”, aseguró el líder político dominicano.
Abel Martínez afirmó también de acoger de manera pura simple el pedido de la agencia de la ONU, abriría las compuertas para que la frontera dominicana sea abarrotada de personas que procurarán entrar a territorio dominicano y llamó al Gobierno a recordar que deben ser “garantes del respeto y cumplimiento de nuestra Carta Magna, de nuestra soberanía y territorialidad’.
“Eso también representa un gran peligro, puesto que, en esas entradas masivas de ciudadanos haitianos, vendrían a nuestro territorio delincuentes, antisociales, gentes en conflicto con las leyes en Haití, así como individuos pertenecientes a las bandas criminales que operan en esa nación y que podrían amplificar su accionar en nuestro territorio”, advirtió Martínez.
El también alcalde de Santiago señaló que de manera muy sigilosa y delicada la ACNUR propone el establecimiento de campos de refugiados cuando establece que: “En el caso de las personas que no cumplan los requisitos para recibir protección como refugiadas, esto puede lograrse mediante la concesión de protección complementaria, protección temporal, admisión humanitaria u otros acuerdos de estancia legal hasta que la situación de seguridad en Haití permita un retorno seguro”.
Otra muestra de ese propósito queda evidenciada cuando el organismo dice: “ACNUR también tiene la disposición de apoyar a los gobiernos de toda la región para garantizar el respeto de los derechos de los haitianos, incluida la ayuda en el diseño e implementación de mecanismos de protección complementarios u otros acuerdos de estancia legal cuando sea necesario”.
Abel Martínez aseguró que es contraproducente proponer la implementación de estancia legal hasta que la situación de seguridad en Haití se normalice, toda vez que al día de hoy no se vislumbra una voluntad plena y real de la comunidad internacional de ir en auxilio de la vecina nación.