Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, juntas de vecinos, iglesias evangélicas, grupos profesionales solicitaron ayer la intervención del Presidente Danilo Medina, para evitar que el empresario Juan Moya con su socio Isidro Díaz Ángeles, cometan un desalojo ilegal que dejaría cientos de familias desplazadas de sus hogares.
Las familias señalaron que llevan varias décadas ocupando una porción de terreno en la parcela 63-E- D.C.12, propiedad del Estado dominicano, sin embargo, refieren que el poderoso empresario utiliza argumento falso para tratar de apoderarse de los terrenos, generando un gran atentado contra la dignidad humana.
Los señores Juan Brito y Dolores Ricart- presidentes de las Juntas de Vecinos Santa Bárbara dos y uno, actuando como voceros de las comunidades, condenaron de antemano las malas intenciones referentes a que en dicho lugar se pueda producir un desplazamiento de familias de escasos recursos dejadas a la intemperie sin hogares.
Recientemente los dirigentes y miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes de varias filiales de esa organización a lo largo de la geografía nacional reunidos frente al Palacio de la Presidencia, le solicitaron al mandatario que disponga el cese inmediato de los desalojos forzosos que se están llevando acabo de forma indiscriminada en todo el país.
