Irán abrió este lunes el litigio contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para exigir que se descongelen unos 2.000 millones de dólares de compañías iraníes depositados en bancos estadounidenses y que Washington confiscó para entregar a los familiares de víctimas de atentados atribuidos a Teherán.
Los representantes iraníes ante este tribunal de la ONU alegaron que la congelación de esos fondos viola el Tratado de Amistad entre Irán y Estados Unidos firmado en 1955, un acuerdo que el ahora expresidente Donald Trump dio por finalizado en octubre de 2018.
En sus argumentos de apertura del caso, Teherán defendió que la confiscación de dinero de empresas iraníes es parte de una “industria de litigios” contra su país con “el objetivo de desestabilizar Irán y el gobierno iraní”, y es una violación de las normas internacionales, puesto que interrumpe “la libertad de comercio” que garantizan las leyes.
Los representantes estadounidenses responderán a los argumentos iraníes el próximo miércoles ante el CIJ, cuyos fallos son vinculantes para los países, aunque el tribunal no tiene herramientas para exigir su cumplimiento y esto depende de la voluntad de cada Estado.
La batalla legal que comenzó hoy en La Haya tiene su origen en 2002, cuando el entonces presidente George W. Bush firmó una ley federal que permitía a víctimas de atentados terroristas reclamar indemnizaciones millonarias cuanto los ataques fueran “patrocinados”, según Washington, por terceros países.
Aunque no fue hasta febrero de 2019 que la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el litigio, Teherán denunció a Estados Unidos ya en 2016, cuando el Tribunal Supremo estadounidense concluyó que un ataque en Beirut sucedido en 1983, y en el que murieron 299 personas -entre ellos 241 marines-, fue patrocinado por Teherán.
La Corte estadounidense también declaró legal la congelación de bienes iraníes valorados en unos 2.000 millones de dólares y depositados en bancos de Estados Unidos, como el Citibank de Nueva York, aunque Irán negó en todo momento su implicación en ese ataque y consideró que la congelación de activos iraníes era ilegal.
El caso empieza con Irán y Estados Unidos, además de otras potencias mundiales, negociando un acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Según diplomáticos occidentales, las principales cuestiones por resolver para Teherán son garantías de que Washington no abandonará de nuevo el acuerdo como hizo Trump en 2018.
EFE
