El exministro de Planificación Federal de Argentina Julio De Vido pidió este lunes su absolución en el mediático juicio que se desarrolla por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante los Gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015).
“El tribunal va a tener la obligación procesal, ética y constitucional de absolver a Julio de Vido por los hechos, si se hubiera descrito alguno, por los cuales fue atraído al presente debate”, afirmó su abogado Maximiliano Rusconi en el segundo turno de alegatos de las defensas en la etapa final de la vista oral.
El letrado se mostró seguro de que “no hay ni una sola prueba” que demuestre ninguno de los cargos que se atribuyen a los acusados.
“Hemos perdido toda fe en el estado de derecho. La sensación que nos embarga es que no tenemos ninguna expectativa, lamentablemente, en que el tribunal juzgue y tome nota de la enorme violación de garantías constitucionales que han sucedido durante este debate”, recalcó.
De Vido, que ocupó durante 12 años, en los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández, el ministerio con mayor partida presupuestaria, encargado de Obras Públicas, Vivienda y Energía, es uno de los imputados en una causa que tiene en la mira la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador de Kirchner, en la provincia de Santa Cruz (sur).
Te puede interesar: Juicio por corrupción de Cristina Kirchner se reanuda tras atentado
La etapa de alegatos, que comenzó hace justo una semana, se desarrolla en medio del enorme impacto que generó el atentado que la vicepresidenta, que salió ilesa, sufrió el 1 de septiembre pasado, por el que dos personas están imputadas.
El ataque a Fernández tuvo lugar en los alrededores de su casa, durante una de las manifestaciones que sus seguidores mantienen desde que el pasado 22 de agosto el fiscal de la llamada “Causa Vialidad”, Diego Luciani, solicitó 12 años de prisión para la exmandataria -y 10 para De Vido-, por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta de recursos públicos.
La líder del kirchnerismo niega haber cometido ningún delito y desde hace tiempo sostiene que es víctima del ‘lawfare’ o persecución política a través de la Justicia.
EFE
